viernes, julio 18, 2014

Electores y razonamientos

Conocidos los candidatos para las elecciones nacionales, llega el momento de los electores que hasta octubre decidirán su voto. Sus razonamientos y motivaciones son tan diversos como la cantidad de electores que hay, aunque, por supuesto, hay denominadores comunes.

Como en toda elección de principio hay dos bandos: el primero constituido por los que ya tienen su voto definido por el oficialismo; y el segundo, por la oposición. A ambos no les importa quiénes son los postulantes a senadores o diputados. Su apoyo estuvo definido incluso antes de la constitución del mismo binomio.

Sin embargo, en el segundo bando hay indecisos, pues, si bien ya saben que votarán contra el candidato del MAS, aún no decidieron a cuál de los cuatro candidatos de la oposición apoyará.

A la hora de decidir, éstos razonarán, presumo, sobre la base de dos objetivos: 1) Quieren al gobernante de hoy sí o sí fuera de palacio; 2) Quieren votar por el candidato de su preferencia por principios sin importar si el MAS se queda. Si se impone el primer razonamiento, ese elector jugará al voto útil, vale decir, sumará su apoyo al candidato con mayores posibilidades (según las encuestas), y no desperdiciará su voto en otro opositor sin posibilidades. Si triunfa la segunda motivación, el voto se dispersará en cuatro postulantes (según la intuición de cada elector).

Hasta aquí hay dos tercios de votantes. ¿Qué pasa con el tercio que queda? Ese tercio es ambivalente. Juega a la espiral del silencio. Es mutante. Puede decir una cosa al encuestador y marcar otra casilla el día de la votación. Es consciente de su poder de decisión. Por culpa de estos electores fallan las encuestas y las tendencias.

En este grupo hay una diversidad de razonamientos. Están desde aquellos que se percatarán del programa de gobierno, hasta aquellos que revisarán minuciosamente las listas de candidatos al Legislativo para ver si vale la pena alguno de ellos.

Estará atento a los debates (si hay), se informará sobre los hechos y antecedentes de los que quieren ser su representante y analizará cuál de ellos realmente defenderá sus intereses y le garantizará un futuro.

En medio de esa diversidad, se puede ubicar a aquellos que prefieren la certidumbre y la estabilidad con el actual gobierno y evitar riesgos con otros candidatos que pueden prometer una cosa y hacer otra.

Por supuesto, no faltan aquellos que temen una dictadura disfrazada de democracia si ganara de nuevo el oficialismo, no quieren que sus hijos e hijas tengan un solo presidente el resto de sus vidas como en Cuba, Siria o Corea del Norte.

También están los que creen que cualquier otro presidente lo hará mejor que el actual. Entonces, votarán con la sensación de que si el actual gobierno hizo buenas cosas, un sucesor eficiente con más ideas y tanto dinero que hay en Bolivia, gracias al precio elevado de las materias primas en el mercado internacional, puede hacer maravillas.

No faltarán los que votarán según el humor que tengan el mismo día de la elección. Decidirán a partir de un detalle, un mal paso, un acierto de los candidatos o una afinidad con alguno de los postulantes a la Asamblea Legislativa.

Tampoco estarán ausentes aquellos que dirán que ninguno representa sus aspiraciones, por tanto, voto en blanco o nulo, en protesta contra el sistema. Tal vez ni asista a las urnas.

Y ¿los jóvenes que votarán por primera vez? Aquí entra el voto familiar. Las charlas con papá, mamá, amigos incidirán en el curso de este voto. Los jóvenes son, generalmente, el reflejo de cada hogar. Esto no significa invalidar la autonomía de ellos o su incidencia en el resto de los miembros del hogar.

No sé si te identificas con alguno de estos grupos, pero estoy seguro de que tus razonamientos e intereses te guiarán a un candidato.

Se aproxima tu momento para decidir tu futuro, si no ejerces tu poder ahora, tendrás que esperar cinco años porque tus representantes en el Legislativo muy poco te escucharán (revisa antecedentes), pues, eso de la democracia participativa todavía es un cuento en Bolivia. 

viernes, junio 20, 2014

Hay cosas que no cambiarán, otras sí

Sea quien sea el próximo presidente, después de las elecciones del 12 de Octubre, hay cosas que no cambiarán en el país. ¿Cuáles?

La economía.- Seguirá la bonanza mientas se mantengan los precios de las materias primas en el mercado internacional. Si cayeran,, así siga el actual gobierno la crisis será sentida. Los malos y buenos momentos económicos no distinguen partidos, han favorecido o se han comido por igual izquierdistas y derechistas, comunistas y capitalistas. Por ahora, la fortuna nos acompaña.

La nacionalización.-  ¿Imaginan al próximo gobierno privatizando YPFB o ENTEL? No duraría ni un mes en el mando. En este momento, hasta el más novato sabe que las empresas estratégicas aportan al pan de cada día y ha costado vidas y millones de dólares recuperarlas. Es más, la corriente internacional dejó atrás las privatizaciones.

Nunca más Bolivia sin indígenas.- Los pueblos indígenas llegaron a las instancias de decisión para quedarse, no se irán más. Sin ellos es inexplicable Bolivia, como debió ser siempre. Sólo un orate retrocedería décadas.

Los bonos.- El Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla no desaparecerán pronto, aunque mantenerlos durante muchos años sería admitir que la bonanza económica no sirvió para sacar a la gente de la pobreza. Los bonos, pagados por primera vez en Bolivia por uno gobierno de derecha, desaparecerán poco a poco.

Pero no todo quedará petrificado. Es probable que en el próximo periodo cambien algunas cosas, pero en este caso depende mucho de quién gobierne. ¿Qué puede cambiar?

Mejor economía.- No soy experto en economía, pero una cosa es la bonanza y otra la administración de ella. En ese sentido, es casi seguro que el próximo gobierno se esforzará por liberar al país de la economía primaria y fomentará la iniciativa privada legal con el fin de crear empleos reales para redistribuir la riqueza vía sueldos dignos y no de sobrevivencia.

No despilfarro.- Si el próximo gobierno es austero, gastará menos en cosas banales, lujos de nuevos ricos, ostentaciones o construcciones innecesarias. Priorizará la salud, la educación, en definitiva, la vida.

No oligarquías.- Si el próximo gobierno no tiene compromisos con grupos corporativos o empresariales, se cortarán privilegios a nuevas oligarquías para superar el compadrazgo de encubrimiento y complicidad practicado desde tiempos neoliberales para amasar fortunas desde la ilegalidad.

Democracia cualificada.- Si hay un gobierno con más horizonte democrático, entenderá que la democracia no sólo es redistribución de riqueza, sino también de poder para evitar su acumulación en un solo partido y una sola persona y terminar pariendo un déspota.

Institucionalidad.- Si hay un gobierno con sentido real de que el Estado somos todos, entregará los cargos públicos a las personas más capaces. Dejará la improvisación o la militancia partidista para garantizar el derecho de las personas al buen servicio estatal.

Mejor Justicia.- Nunca antes había estado tan mal la justicia. Si hay un gobierno sin deseos de reproducirse en el poder y perseguir a los que piensan diferente, revolucionará los tribunales con las personas más justas (no con abogados militantes) para vencer la inflación legal con leyes que no se aplican.

Libertad de expresión.- Si el próximo gobierno fuera de mente abierta, fomentará las ideas y voces contrarias a su ideología y no las ahogará vetando publicidad estatal a medios independientes y descalificando periodistas, para armar un monopolio de medios gubernamentales y grupos de choque de propagandistas.  

Respeto a la Constitución.- Si el siguiente mandatario asume que en democracia la Constitución es un límite a su poder, garantizará la alternancia en la administración del Estado y no la violará las veces que quiera.

Como ven algunas cosas no cambiarán, pero otras puede que sí. El deseo por cristalizar estas últimas definirá el voto de los indecisos y puede cambiar el de aquellos que ya habían decidido su apoyo a algún partido.

¡Salvemos al Cerro Rico!

Andrés Gómez Vela

Si un día cae o se hunde el Cerro Rico de Potosí, tendremos que borrar su imagen del escudo de Bolivia. El mítico Sumaj Orkjo llega a ser para el país como las pirámides del Valle de Gizeh para Egipto, aunque no es una obra humana, sino de la naturaleza, pero su peso simbólico es tan grande que sin él no se explica el origen del Estado boliviano.

Por esta trascendencia histórica fue designada en 1986 por Naciones Unidas como “Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad”. En otras palabras, el mundo reconoció su “valor universal”. Pero, hay un grupo de bolivianos, cooperativistas mineros ellos, que no tiene consciencia de la importancia mundial de esta montaña y causa cada día el hundimiento interno de tres centímetros de su cima, que alcanza aún 4.702 metros sobre el nivel del mar.

Da la impresión que no les importa mucho que sea un símbolo o patrimonio universal y siguen explotándolo con la misma rapacidad que en la época colonial, sólo que esta vez con la aquiescencia de las autoridades estatales, que teóricamente se preocupan, pero en la  práctica no hicieron ni hacen nada para evitarlo desde que se advirtió hace años el peligro.

Quien sí se preocupó, recientemente, pero en serio, es la Directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), Irina Bokova. En su visita a Bolivia, indicó que varios expertos propusieron declarar en riesgo al Cerro Rico y adelantó que será el Comité de Patrimonio de ese organismo el que decida qué hacer para protegerlo.

Hace un tiempo, el gobierno boliviano se planteó hacer un relleno hidráulico en la cima para aliviar los daños causados por los mineros. Hasta la fecha no se movió una sola piedra, por el contrario se siguió permitiendo su explotación cerca de la cúspide, pese a las prohibiciones, causando gigantescos huecos que crecen y deterioran continuamente la forma cónica del Cerro Rico.

Debemos tomar muy en cuenta la alerta de Irina Bokova y sumarnos a la campaña, pues, es inadmisible dejar que se hunda un “Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad” sólo por privilegiar a un grupo de cooperativistas que se niega a reconocer que esa montaña vale hoy más por su valor intangible que por los recursos que todavía tiene en sus entrañas.

Cada sitio donde hay un Patrimonio de la Humanidad deja de ser sólo del país donde está para pertenecer a la comunidad internacional. Hasta 2013, había 981 sitios, entre ellos está el Sumaj Orkjo.  Por su importancia, 191 países se trazan como objetivo permanente preservar estas obras del ser humano y la naturaleza para las futuras generaciones.

Una declaratoria en riesgo por parte de la Unesco permitirá que la comunidad internacional se movilice para salvar este patrimonio, como ya sucedió cuando se lanzaron campañas de protección de Venecia y su laguna, las ruinas de Mohenjo-Daro en Pakistán o el templo Borobudur en Indonesia.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco celebrará desde este domingo hasta el miércoles 25 su trigésima octava sesión en Doha, donde analizará las nuevas postulaciones a su listado y el estado de conservación de sitios ya inscritos, entre estos el Cerro Rico.

No tengo nada contra estos cooperativistas, pero tengo mucho en favor de un patrimonio que no sólo es boliviano, sino mundial.

De hecho una acción de desalojo privará a los mineros de su derecho al trabajo, pero ellos están a punto de privar a la humanidad de un bien histórico.

Para evitar injusticias, las autoridades deben pensar en una economía alternativa o una relocalización (pero en buenos términos) de los cooperativistas, y éstos deben pensar en que del valor intangible de este Patrimonio comerán, a través del turismo, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y no serán borrados del futuro como la imagen del Cerro Rico del Escudo y de la historia de Bolivia en caso de que se caiga.

viernes, junio 06, 2014

Evo, Samuel y Juan

Andrés Gómez Vela

Las personas no siempre ven a sus prójimos como ellos quisieran ser vistos. Más aún en política, donde el espejo del poder devuelve, a veces, al político una imagen que no la tiene ante la mirada de los electores.
 
Por ejemplo, Evo Morales sigue despertando identidad y respaldo entre los suyos, pero ya no es sorprendente como en 2005. De tanto repetirse, su discurso ha envejecido en un escenario nuevo, aunque su imagen ha “rejuvenecido” para el Sport Boys, que lo fichó como jugador profesional de fútbol. Ya no embruja a las clases medias que le ayudaron a marcar récords electorales, pero sedujo a las oligarquías que resistieron sus primeros años de gobierno.
 
Ahora dice que tiene el apoyo de casi el 90% de los medios, ayer apenas tenía al quincenario Juguete Rabioso y recurría a ERBOL regularmente, como si fuera un corresponsal, para informar y opinar; hoy su gobierno la tiene vetada de todo acceso a la publicidad del Estado en franca violación a la Constitución. En este escenario, sus duros ataques a los periodistas son cada vez más increíbles, pero sigue siendo noticia por lo que dice. Su imagen revolucionaria viste en 2014 traje conservador y “marketero”, pero sigue hablando de cambio.  
 
Se presenta hábilmente como austero, pero es nuestro empleado más caro, no por el sueldo que le pagamos sino por el avión y los autos blindados que se compró sin consultarnos con $us44.921.000, además de otros gustitos. Su fanaticada dice que sigue trabajando 20 de 24 horas, sus adversarios señalan que juega fútbol y viaja 20 de 24 horas. Logró hacer creer incluso a algunos de sus propios contrincantes que en Octubre ganará otra vez, pero en sus propias filas temen sorpresas. 
 
Y… ¿Qué decir de Juan del Granado? Se presenta como nacional, pero lo ven como regional. Sus seguidores lo muestran como fuerte y vital, sus adversarios dicen que ya está cansadito. Desde las filas de la oposición aseguran que no tiene nada que ofrecer, pero tiene como su mejor carta de presentación su gran gestión de 10 años como Alcalde de La Paz, si dudan pregunten a su compadre Evo Morales. Su imagen sin miedo no asusta a los poderosos de hoy, pero mantiene su estampa de luchador.
 
Sus ofertas son ambiguas para el elector que espera la ruptura con el actual proceso al que contribuyó, pero para la gente que quiere la reconducción es el adecuado; en cambio, para los furibundos opositores al “régimen evista”, es un sin miedo del MAS.
 
Juan se presenta humilde, pero lo ven soberbio. Habla con Rubén, Ernesto, pero no le da ni la hora a Samuel, aunque tienen los mismos genes políticos: el MIR. Su barra dice que será la sorpresa porque capitalizará el voto de la clase media desencantada, donde el color de piel dejó de ser etnia para ser clase. Sus adversarios vaticinan que se jubilará el 12 de octubre, él está seguro que será Presidente.
 
En tanto, Samuel busca superar su imagen sosa, aunque dice que el carisma no es necesario para ganar elecciones. Su última frase: “Carajo no me puedo morir” inspiró decenas de memes, pero no miles de votos. Se esfuerza por convencer que superó la pobreza hasta ser un empresario ejemplar, pero pocos creen ese cuento de hadas. Cada vez que busca borrar su pasado, sus adversarios le pronuncian una mala palabra: privatización.
 
Su hinchada repite y repite su historia de siete vidas para presentarlo como “el elegido” o “destinado” para algo grande, pero le responden que “hierba mala nunca muere”. Dice que tiene un partido, le contestan que tiene una empresa con empleados militantes.  Cree en encuestas, pero las elecciones se ganan con votos. Es porfiado, pierde elecciones, pero se vuelve a presentar; lo aplastan en las urnas, pero se vuelve a presentar. Da la impresión de que la política es su hobby y no desea que lo vean como empresario que aprovechará la Presidencia para enriquecerse más, pero lo ven.
 
Estoy seguro que tú tienes una mirada diferente a la mía y si compartes algo, es una mera coincidencia.
 
Al final votaremos no por lo que ellos creen que son, sino por lo que nosotros creemos que son.


lunes, marzo 31, 2014

Demandamos justicia

Lourdes Montero

(Tomado de La Razón)

Cuánto vale la vida humana en Bolivia? El alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez, acaba de ponerle un precio: 9.000 dólares. Y es un buen precio considerando que se trata de un crimen público, con medios de prensa de por medio y la movilización de toda una comunidad indignada. Así, ¿cuánto puede costar llegar a un arreglo por la muerte de una mujer o una niña que no llega a los medios de comunicación? ¿1.000 dólares? ¿2.000? Es un mercado a la baja por la cantidad de feminicidios impunes que hay en Bolivia.  

Recordemos el caso por el cual se llegó a esta transacción. La primera semana de diciembre del año pasado, los pobladores del municipio de Pocoata declararon a la red Erbol su consternación por la muerte de la enfermera Lucía Chucamani, cuyo cuerpo fue encontrado a un lado de la carretera. El informe forense reveló que la muerte fue resultado de una fractura en la base del cráneo y constató signos de violación previa a su fallecimiento. Los habitantes de esta pequeña comunidad potosina salieron a bloquear en demanda de justicia por el crimen de la enfermera. Días después, un juez del distrito de Colquechaca tomó la decisión de enviar a detención preventiva al Alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez, tras encontrar indicios de culpabilidad.

La semana pasada leímos en La Razón que “Teodoro Rueda Vásquez (…) fue liberado tras llegar a un acuerdo transaccional con la madre de la víctima, a la que pagó $us 9.000”. La denuncia proviene del fiscal del caso, Emilton Jara, quien fue sorprendido con la presentación de un “documento privado transaccional” que la familia de la víctima habría firmado en la ciudad de Cochabamba, donde la señora Felisa Plaza (madre de la enfermera) presentó desistimiento de la causa en contra del presunto asesino.

Éste es un caso emblemático de lo que en Bolivia ocurre frente a la violencia de género y el feminicidio. A pesar de que las pruebas contra el atacante eran variadas, se procedió a la intimidación de testigos, uso de influencias políticas, utilización de chicana jurídica y, por último, negociación con la familia para que la impunidad sustituya a la justicia. Como sostiene Teresa Lanza, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, la transacción entre el acusado y la madre de la víctima es “indigno e inaceptable” ya que implica que la vida de Lucía se trate como una mercancía.

¿Acaso la familia de Lucía tiene el derecho de transar para que su crimen quede impune? No queremos ni imaginar la presión y necesidad que pueden llevar a una madre a aceptar que la muerte de su hija quede impune. ¿Es posible que un “acuerdo transaccional” entre privados sustituya el peso de la ley contra un crimen de violación y feminicidio?

Claramente, el pago del soborno por parte del acusado es una confesión de culpabilidad que, en lugar de liberarlo, debería ser utilizado como prueba en su contra. ¿No es acaso función del Estado, en última instancia, la defensa de los derechos de Lucía Chucamani aún después de muerta? No queremos agregar más críticas al sistema judicial que ya se encuentra en profunda crisis, pero demandamos una señal clara de que los derechos de las mujeres son respetados.

Tenemos esperanzas de que este caso sea emblemático en el cumplimiento de la justicia. El fiscal Jara anunció que el Ministerio Publico continuará adelante con el proceso penal contra el alcalde imputado. La representante de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Jackeline Alarcón, ha comprometido el seguimiento de este caso. La sociedad en su conjunto seguirá las decisiones del juez Emilio Fonseca, de Colquechaca. Por último, esperamos que el MAS, partido en el que milita Teodoro Rueda Vásquez, marque claramente su posición frente a este crimen.

sábado, febrero 15, 2014

Las cosas buenas de hoy

Andrés Gómez Vela

A finales del 90, es decir, del siglo pasado, un grupo de compañeros de trabajo decidió buscar créditos para tomar cada uno por su cuenta un departamento en anticrético o comprar un terreno. Inmediatamente, se dieron a la tarea de averiguar las condiciones más ventajosas en los bancos. Y todos volvieron con la misma respuesta: “es muy complicado, nos piden garantía real u otros bienes que no tenemos”. 

Constataron que los bancos no prestaban a los que no tenían dónde caerse muertos. Entonces, ¿qué sentido tenían? Uno va al banco justamente porque no tiene dinero y no porque le sobra. 

Esas empresas, que multiplican capital con dinero y esfuerzo ajenos, se desarrollaban en condiciones ventajosas, no sólo tenían ganancia asegurada, sino que cuando quebraban por alguna razón, tenían que pagar, paradójicamente, vía Estado aquellos a quiénes precisamente les negaron el préstamo, en definitiva todos.   

Ante tal orfandad social, esos jóvenes que, esa vez, buscaban una casa propia, cayeron en las fauces de unas financieras que les clavó, si mal no recuerdo, un interés de hasta el 25 por ciento. ¡Por Dios, nunca más real la frase: si quieres que te asalten sin armas, saca un préstamo de un banco! Nada sería eso. Uno de los deudores ahorró todo lo que pudo para amortizar el pago al capital y librarse de los intereses. ¿Qué creen? La financiera le dijo que debía respetar el cronograma de pagos y los montos. ¡Fatal!

Hoy cambió esta situación. La Ley de Servicios Financieros, impulsada por el Ministerio de Economía, cambió en cierto modo el rol de los bancos. Y en serio, facilita el acceso al crédito para una vivienda con un interés que oscila entre el 5.5% y 6.5%, aunque por ahí hay aún uno que otro banco que intenta poner algunas trabas.

Con la norma de hoy, probablemente la única que se aplica en toda su dimensión, aquellos jóvenes de los años 90 hubieran tenido más posibilidades de salir rápidamente de su precaria situación, aunque el momento económico no era tan favorable como hoy. 

Esa misma gente bregó, en situaciones adversas, para recuperar la autoestima nacional y constituir a Bolivia en un país con mucha fibra. Sin embargo, ese viaje comenzó mucho antes con las marchas de la CIDOB, con las anatemizadas ONGs de hoy, entre ellas el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) del Norte de Potosí, que formó profesionales indígenas para demostrarles que sí había esperanzas. 

En esta emancipación mental contribuyó la llegada de Víctor Hugo Cárdenas a la vicepresidencia con el MNR. Miles de indígenas y originarios se vieron reflejados en él a tal punto de ver factible su acceso al poder a través del voto. ¿Cómo olvidar a Felipe Quispe? Recuerdo que expresé mi alegría pública en un artículo cuando un día retó al general Hugo Banzer a poner en una balanza sus cerebros para ver de quién pesaba más, ¿de un alemán-nazi o un indio?

Desbrozando el camino, llegaron en pleno gobierno neoliberal las leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa, que condujeron por una avenida a indígenas y originarios a ocupar cargos de decisión, primero, en los municipios, luego en el legislativo y, hoy, en la presidencia. La llegada de Evo Morales a Palacio es la coronación de ese proceso. Hoy somos algo más iguales que hace 20 años y más orgullosos de nuestras raíces.

Este levante espiritual repercutió en la vida nacional y bajó los complejos que había en las relaciones sociales entre collas y cambas. 

Hasta la primera década del presente Siglo era insoportable el uso de ambas palabras porque connotaban desprecio y menosprecio del otro, a quien consideraban foráneo más que boliviano. Aunque este encono se incubó, en 1958, en un hecho PostRevolución de 1952, llegó a su clímax entre 2006 y 2009, cuando un grupo de desubicados humilló y prohibió el paso de campesinos originarios e indígenas por espacios públicos, nomás porque eran diferentes.

Hoy las palabras colla y camba son un gentilicio más que un insulto. Aunque aún faltan superar ciertos diques mentales, hemos avanzado mucho, no sólo nos toleramos, si no que nos necesitamos y queremos porque nos sentimos cada vez más bolivianos.  

viernes, enero 17, 2014

Justicia, ley y jueces

Andrés Gómez Vela
 
La vida demuestra a diario que la justicia no está en la ley, ni todos los justos son jueces ni todos los jueces saben de justicia. Para entender mejor recordemos a dos jueces bíblicos Salomón y Pilatos.
 
El Rey Salomón juzgó a dos mujeres que se disputaban un bebé. Una de ellas había matado al suyo por accidente. Ambas fueron ante su Rey en busca de justicia. La primera decía es mi hijo, el de ella murió. La Segunda aseguraba todo lo contrario. Ante la contradicción, Salomón pidió una espada y ordenó partir en dos al bebé para dar a cada una la mitad del niño. La verdadera madre dijo: ¡Ah, señor mío! Dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Pero la madre falsa dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo. Entonces el rey respondió: Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su madre. Salomón aplicó sabiduría, no la ley.
 
En cambio, Pilatos aplicó la ley y sentenció a un inocente sindicado de tres delitos políticos: de agitación sediciosa, de animar a la gente a no pagar tributo al Emperador, y de atribuirse el título de rey. Cuando llevaron a Jesús de casa de Caifás ante Pilatos, éste dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? “Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado”, respondieron. “Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley”, señaló el romano. “A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie”, replicaron los judíos. Y Pilatos ordenó la muerte y se lavó las manos. 
 
¿Cuántos magistrados y jueces hay en nuestros tribunales que aplican justicia como Salomón y no solamente la ley como Pilatos? La respuesta la tienes tú. Espero que no sea muy deprimente. Vale la pena mantener la esperanza, en algún momento resolveremos la crisis judicial. Con ese fin detecté tres causas del problema: 
 
  1. Leyes y jueces para encubrir.- Una de las causas radica en el objetivo espurio de la ley: privilegiar a un grupo en desmedro de otro. Esta causa genera una consecuencia: el nombramiento de jueces sumisos al poder que los nomina. Entonces, los magistrados o jueces no son los más dignos ni idóneos, sino aquellos de espíritu débil que venden su alma por cinco años de fama y poder. “Esos jueces” atentan contra el principio democrático que señala que todos somos iguales ante la ley porque distinguen a las personas, pero no los hechos, entonces son boca de la ley del poder, pero no de la justicia. Ergo, casi nunca aplican la justicia a pesar de la ley.
  2. Magistrados que responden al partido de turno.- Todas las personas tienen una ideología, pero no todos tienen un partido. La sociedad prefiere a los independientes; los partidos, a sus militantes o “simpatizantes probados” para aplicar la dura ley contra sus adversarios. Cuando seleccionan a un juez por su preferencia partidaria están pensando en protegerse o perseguir con la ley en la mano, pero no en la sociedad que busca justicia. 
  3. Reproducción en el poder.- ¿Cuál la razón para nominar jueces afines al partido que no van a aplicar justicia? Reproducirse en el poder destruyendo a sus “enemigos” y evitando que los casos de corrupción sean investigados y los inculpados, sentenciados, para quedar siempre como un gobierno limpio. La impunidad es signo identitario muy particular de un tipo de gobierno: el totalitario.
Si tenemos las causas, tenemos las soluciones. Probablemente, digas: falta uno. Tienes razón. El ser humano sin educación ni formación es proclive a la corrupción. Cierto, es un trabajo de mucho tiempo. Pero, en la sociedad hay personas sobresalientes que han cuidado su vida y trayectoria profesional como una joya y se han convertido en un ejemplo para su país.
 
Entonces, no importa cómo se nombra a los magistrados o jueces, sino a quiénes se nombra. Generalmente, aunque no siempre, las personas sin honores son proclives a rifarse para conseguir un cargo y aplicar la ley del poder en contra de la justicia. En cambio, las personas que cincelaron su honor sobre una rigurosa escala axiológica -hay malas excepciones- no venden su alma por un cargo y prefieren preservarse aplicando justicia, incluso, en contra de sus nominadores.   

viernes, diciembre 13, 2013

La "inamovilidad laboral" no es absoluta

Andrés Gómez Vela

Recientemente, me enteré que hay hombres que se mantienen en sus fuentes laborales sólo por haber embarazado a sus esposas, gracias al artículo 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala la “inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”.
 
Sin embargo, no se percatan que la misma CPE limita aquella previsión en el artículo 64.I: “los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender (…) el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores (…)”.
 
La primera referencia constitucional protege al trabajador, la segunda lo obliga a cuidar su fuente laboral para garantizar la educación y formación integral de su descendencia.
 
Ambas demuestran que la inamovilidad laboral no es absoluta, lo que significa que no puede ser abusada por un padre irresponsable, que incumple su contrato o abandona su trabajo, como sucede en algunos casos. Si abusa, viola el artículo 64.I y desconoce su deber de asegurar el “desarrollo integral” de sus hijos, tal y como establece el artículo 59.I de la Constitución.
 
Es más, ignora un principio esencial del Estado Plurinacional establecido en el artículo 8.I de la Carta Fundamental: ama quella (no seas flojo). Con mayor razón y por la responsabilidad que tiene con sus hijos e hijas un padre o progenitor no puede ser un flojo.
 
De ese contexto jurídico deducimos que el trabajo no sólo es un derecho, sino un deber y un medio para garantizar el buen vivir de hijos e hijas. Obviamente, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones socioeconómicas para la creación de fuentes laborales, pero el empleado tiene el deber de buscar las oportunidades y conservar su fuente laboral con honestidad y lealtad.
 
El trabajo no busca a una persona, la persona busca al trabajo, y el Derecho del Trabajo o Laboral protege al que lo merece e invoca por vulneración en sus derechos. Por tanto, se presupone que un progenitor debe ser un buen trabajador y no violador de derechos de sus compañeros o de la persona jurídica que la emplea, pues, si bien la CPE prohíbe el despido injustificado, mas no el justificado. 
 
Aunque en el Ministerio de Trabajo aún creen que el progenitor “es intocable”, la Constitución no admite que se premie el progenitor abusivo y el Tribunal Constitucional (SC479/2006) lo interpretó en ese sentido porque no es justo que se premie al padre abusivo y se sancione a la persona jurídica que cumple con la ley.
La lógica jurídica es sencilla: para preservar el derecho al trabajo hay que preservar la fuente laboral y para ello hay que cumplir a cabalidad el contrato laboral.
 
Un juez o una autoridad jurisdiccional o administrativa no puede aplicar la letra muerta de la ley en desmedro de la misma CPE; para evitar la irracionalidad jurídica y las injusticias tenemos la obligación moral y constitucional de interpretar el derecho según las circunstancias de cada hecho.
 
De otro modo, se entendería también de manera absoluta el artículo 48.II de la Constitución, que establece la “inversión de la prueba a favor de la trabajadora o el trabajador”. Una cosa es la “inversión de la prueba” y otra la mentira. Empero, algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo piensan que este principio loable es para garantizar al trabajador a mentir y calumniar. Lo peor es que toman en cuenta sólo esa palabra falsa y no las pruebas reales del empleador.
 
Y no es ni debiera ser así, porque la misma Ley Fundamental prohíbe la mentira (ama llulla) en el artículo 8.I. Es más, señala que una persona no debe ser floja ni mentirosa ni ladrona, por el contrario debe trabajar para lograr el suma qjamaña (vivir bien) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
 
Por ello es sorprendente escuchar a algunos servidores públicos insinuar que un progenitor puede abusar de su “mérito” de haber embarazado, mentir todo lo que quiera y ser flojo cuando quiera. ¿Cuál el argumento jurídico para razonar de este modo? Ninguno más que creer que esa cartera de Estado está para defender al “empleado” así éste sea un delincuente. Bajo ese razonamiento, en realidad, estarán defendiendo a flojos, mentirosos y ladrones y no a trabajadores.
 
Menos mal que en Bolivia nos regimos por la CPE (Art. 410) que está por encima de funcionarios y malos juristas que creen que el derecho es la aplicación rígida de la ley, cuando en realidad es la aplicación del derecho a cada hecho.