viernes, mayo 24, 2013

Movimiento obrero



Andrés Gómez Vela

Cualquier manual de marxismo predestinaba a la clase proletaria (obreros-asalariados) a protagonizar la revolución socialista. Esta regla se rompió con la Revolución Mexicana (1910), encabezada por campesinos pobres y la Revolución Rusa (1917), que tumbó al reino zarista también con el mismo sujeto excluido de la vida.

No sucedió lo mismo en Bolivia, donde la Revolución Nacional de 1952 fue encabezada por obreros, seguido de campesinos. Ambos echaron del poder a la oligarquía minero feudal. Como prueba, la gesta logró la Reforma Agraria (aunque a medias), el Voto Universal, la Nacionalización de las Minas y la Reforma Educativa. Las dos primeras medidas favorecieron, más que todo, a los campesinos, que habían sido excluidos de la vida política desde la fundación de la República. La tercera estuvo dirigida al proletariado y la última a toda la comunidad porque echó los cimientos pedagógicos que edificó a los hijos de la Revolución.

Desde entonces, el movimiento obrero se convirtió en el sujeto histórico que comandó la resistencia a la dictadura y repuso la democracia. La educación, producto de la Revolución, formó al intelectual de la clase media, quien organizó partidos, movimientos sociales y agrupaciones para consolidar la democracia pactada, a la que empaquetó en un régimen económico (neo)liberal, y organizó un Estado deficiente que reprodujo la exclusión y engendró al próximo sujeto revolucionario: el indígena originario campesino.

El proletariado fue derrotado por los propios gestores e hijos de la Revolución en agosto de 1985, cuando se dictó el Decreto Supremo 21060, una medida contraria al Estado y modelo económico que había parido aquel 9 de abril, que explica todo lo que sucede hoy. La marcha por la vida fue el último episodio histórico protagonizado, en ese tiempo político, por el movimiento obrero.

El Estado con alma colonial y la democracia resumida, simplemente, al voto universal, sumados a los 500 años de invasión de América, puso por delante del movimiento obrero al sujeto indígena originario campesino. Entonces, la contradicción revolucionaria se forjó entre Indígenas pobres-marginados versus q´aras oligarcas privilegiados, pero se movilizó sobre la alianza originarios-obreros, área rural-área urbana, hasta vencer en la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003).

Aquel sujeto político, concebido por la Revolución del 52 y parido por la democracia liberal, tomó el poder en 2006, tras ganar las elecciones burguesas. Por supuesto, contó con el respaldo definitivo del movimiento obrero y popular y otras fuerzas sociales urbanas.

La reciente derrota de la COB es la segunda en 30 años de democracia. La primera vez (1985) fue aplastada por un gobierno neoliberal, la segunda (2013), por un gobierno que se auto-rotula como socialista. Sin embargo, no significa la muerte del movimiento obrero; por el contrario, la “industrialización” que vive el país la resucitará poco a poco y repondrá como sujeto histórico de los próximos cambios, en alianza con clases sociales periurbanas, que crecen en los cinturones de pobreza de las ciudades.

El sujeto indígena originario campesino que gobierna hoy pierde su condición revolucionaria, la pobreza y exclusión, y se convierte en clase social conservadora porque muta a clase media y clase alta (con fisonomía oligarca), vía cooperativas mineras, emprendimientos económicos individuales y colectivos (microempresa, factorías) y operaciones ilícitas vinculadas al contrabando y, en casos extremos, al narcotráfico.

El reciente conflicto social alerta sobre la decadencia, primero moral y luego político, del sujeto reinante en este momento, y advierte el advenimiento de otros grupos sociales revolucionarios que nacen en las ciudades por la exclusión que sufren por el Estado Plurinacional.

lunes, mayo 20, 2013

Migran 11 millones de personas de la CAN, 1.750.000 son bolivianos

Lima, 20 may. 2013 (CAN).- En total son 11 millones 295 mil los ciudadanos que han emigrado fuera de los países de la Comunidad Andina en los últimos años, de los cuales 1 millón 750 mil son bolivianos, 4 millones 700 mil colombianos, 2 millones 400 mil ecuatorianos y 2 millones 445 mil son peruanos, según las cifras oficiales disponibles.

Dichas cifras fueron dadas a conocer durante la XXXII Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Migraciones de los países de la CAN, al debatir sobre el diseño del futuro registro compartido de emigrantes e inmigrantes de la CAN y el Registro de Inmigrantes Laborales así como otros trabajos estadísticos en materia migratoria.

La reunión se realizó la semana pasada en Lima, en la sede de la Secretaría General de la CAN, con el fin de profundizar los trabajos estadísticos en materia migratoria para contribuir de manera efectiva en la construcción de políticas públicas de carácter comunitario en esta materia.

La representante de Ecuador Susana López, cuyo país ejerce la Presidencia Pro Témpore de la CAN, manifestó que la reunión permitió comprobar que existe conciencia en los países de la Comunidad Andina sobre la importancia del registro de estadísticas. “Los cuatro países estamos sincronizados en la relevancia e importancia de tener cifras unificadas, que nos ayuden en la toma de decisiones políticas para mejorar la gestión en el tema de política migratoria”, señaló.

Indicó que se ha fijado un cronograma de las próximas reuniones evidenciando el compromiso e interés de profundizar las acciones en esta materia. “Consideramos que el primer paso está dado y esperamos tener avances significativos en las próximas reuniones”, señaló.

Por su parte, el representante de la OIM César Estrella manifestó que la existencia de 11 millones de ciudadanos plantea la necesidad de promover la implementación de normas como la Decisión 548 que busca dar protección consular a ciudadanos andinos en terceros países que carezcan de representación consular de sus naciones.

Los temas abordados en esta reunión de experto serán profundizados en talleres nacionales que se realizarán en cada uno de los países de la CAN y los resultados serán puestos a consideración del Comité Andino de Autoridades de Migración.

La reunión contó con la participación de representantes de las oficinas de Estadística, de Migraciones y de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países de la CAN, de la Secretaría General de la CAN y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Cabe señalar que la CAN actualmente dispone de dos normas comunitarias (Decisiones 750 y 755), que orientan el trabajo estadístico en materia migratoria, y un Plan de trabajo que prevé avanzar el 2013 en el establecimiento de la metodología para la explotación de los datos del registro de viajes en los puestos de control migratorio y el apoyo al establecimiento del registro estadístico de los andinos que viven en el exterior, entre otras acciones.

Imperialismo en tiempos de facebook

Andrés Gómez Vela

El día que el Imperio Chino seduzca al mundo con su forma de vida, su modelo de sociedad o sus valores se habrá convertido en la hegemonía global a seguir. Entretanto, Estados Unidos seguirá siendo el Imperio exportador de ideología, como en su tiempo lo fue Roma, que ofrecía al mundo de entonces “civilización”, al igual que, cada uno en sus tiempos, los imperios español, francés y británico. En la otra vereda se ubicó la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas (URSS), que quiso conquistar el planeta con el marxismo, la sociedad comunista que, como saben todos, se suicidó. Muchos siglos antes, el Imperio Otomano de Turquía basó su penetración ideológica en el Islam. En Sudamérica, los Incas también ofrecieron “civilización” frente a los pequeños pueblos indígenas.

Cuentan que el primer imperialista de la historia, Alejandro Magno, llevaba consigo sus ejemplares de la Ilíada y la Odisea; dormía con ellos y una daga debajo de la almohada porque disfrutaba de la guerra como único medio de conquista y sometimiento de los pueblos. En esa misma línea, el Imperio Romano se convirtió en una máquina de guerra porque organizó su ejército de tal modo que persiste hasta ahora su concepción de infantería. Este trágico medio cedió después de la primera y segunda guerras mundiales, cuando nació la Organización de Naciones Unidas. Por ello mismo, EEUU y URSS jugaron a la “guerra fría”; para penetrar en los diferentes estados formaron agentes, armaron guerrillas y dictaduras y generaron  pelea entre connacionales. Al final casi siempre terminaban ganando ellos.

Aunque tras la caída de la URSS, EEUU volvió a las invasiones, la penetración ideológica cambió. Envió ayudas, propuso alianzas para el progreso, abandonó a los dictadores y comenzó una cruzada por las democracias. Entonces, los imperios mandaron a las empresas transnacionales, y, a través de inversiones y conocimientos, tuvieron otra vez a los pueblos en sus manos. Los pueblos de la periferie tienen recursos naturales y ellos el conocimiento para transformarlos en celulares, baterias de litio, computadoras, etc.

Vale decir, cambiaron el poder bélico por el poder económico y el poder del conocimiento. En el presente, los países dominantes consolidaron un medio más, el colonialismo cultural, con lo que nace el Imperio Electrónico. Ya no son tan necesarios los agentes 007, ni los de la DEA, tampoco las bases militares en territorios extranjeros. Tienen sometidos a los propios pueblos a través del Internet, el facebook, el cine, la televisión.

Un paseo por las áreas rurales del país verifica esta situación. Casi el 100 por ciento de los pobladores ven películas producidas en Hollywood, visten poleras, gorras, y camisetas de fútbol de los países hegemónicos o lucen sus banderas. Las antenas parabólicas que tienen sirven para recibir la señal de canales de televisión que apologizan el american life, tan ambicionado por cocaleros, cooperativistas, comerciantes, estudiantes, mineros, campesinos. Ignoremos por ahora los productos que se consumen desde gaseosas hasta papas fritas imperiales.

El colonialismo cultural se disfraza con el internet por donde viajan las vidas privada y pública de 4.500 millones de personas en el mundo, de los cuales cinco millones son bolivianos.  Por ese gigante espacio social (facebook, twitter, Youtube) circulan sueños, sentimientos, pensamientos, prácticas políticas, fotografías, videos; y todos pasan por el corazón y cerebro de Estados Unidos.

El Imperio Electrónico ya no necesita invadir, ni infiltrar agentes, tienen otro instrumento más poderoso, la tecnología y el conocimiento.

Dadas estas circunstancias, ¿cuánto cambiará la relación desigual entre Bolivia – Estados Unidos con la expulsión de Usaid? La gran diferencia entre el Imperio y los países de la periferie no es el dinero, sino los conocimientos. ¿Será tiempo de plantear las relaciones en ese sentido?

viernes, mayo 10, 2013

Periodistas y propagandistas

Andrés Gómez Vela
 
Hay dos profesiones que se parecen, pero no son lo mismo. Nacen del mismo huevo, pero tienen funciones diferentes. Periodista y propagandista. Hay personas que un día son periodistas y otro día relacionistas (salvo excepciones). O un día relacionistas, propagandistas y otro día quieren ser periodistas. Veamos las diferencias:
 
El periodista tiene como objetivo buscar y publicar la verdad (humilde, circunstancial) así afecte a su jefe máximo, su padre, su madre, el dueño de la empresa donde trabaja, el compañero de trabajo o el amigo más cercano. Opta por la verdad porque es el alimento de la democracia

El propagandista tiene como objetivo cuidar la imagen de su jefe máximo así afecte a la verdad, que nutre a millones de personas que componen una sociedad. Presta sus servicios a un político, un empresario o una institución pública o privada o al gobierno de turno. Si un día se animara a decir la verdad en contra de su jefe, cometería un contrasentido en su profesión y perdería el fin último de su existencia funcional.
 
El periodista tiene un gran jefe: la sociedad, su público, su audiencia, los televidentes, los radioescuchas, los internautas, los lectores, se debe a ellos y ellas, ante ellos y ellas rinde cuentas; sólo ante la sociedad puede inclinarse y someterse en última instancia.
 
El relacionista tiene un gran jefe, al que cuida de la sociedad, de los públicos de los medios de comunicación, de los internautas, de los radioescuchas, de todos aquellos y aquellas que se atrevan a cuestionarlo o a descubrir lo que intenta ocultar.
 
El periodista produce información, comprendida como un bien público, que tiene como esencia cualificar la democracia, aportar con elementos de juicio a la sociedad para que ésta pueda asumir decisiones en función de sus intereses y respetando al otro en su dimensión humana y cultural.
 
El relacionista produce propaganda, entendida como la fábrica de la mentira porque oculta la verdad o la exagera o la disfraza para preservar el poder o la “buena imagen” de su jefe, de su partido.
 
El periodista distribuye la palabra, de esa forma distribuye el poder porque al distribuir la palabra entre los diferentes actores distribuye el flujo democrático de ideas en la sociedad, que no es más que un abigarrado sistema de intereses, donde cada uno y una se esfuerzan por convivir bien con el otro diferente.
 
El propagandista distribuye la palabra de su jefe, de la persona que le paga, generalmente no le interesa las otras palabras o voces, menos aquellas críticas, aquellas que desnudan la verdad o buscan contrastar opiniones para llegar a la realidad de los hechos; busca sobredimensionar la palabra de su jefe para cuidarlo.
 
El periodista es un ser político, tiene una inclinación clara, una opción definida y mantiene su honestidad intelectual y claridad mental en el marco de la libertad de expresión y el derecho a la información, que corresponde a la sociedad, más que a él.
 
El propagandista es un mercenario de la palabra, hoy puede trabajar para su jefe izquierdista y mañana para su jefe derechista o fascista; casi siempre es oficialista porque es hábil para vivir bajo la sombra del poder y se parece al gato porque cae siempre parado.
 
Periodistas y propagandistas están ahí. Ninguno es malo o bueno. Lo que no es bueno, es que el propagandista o relacionista se disfrace de periodista y engañe a la sociedad, al que da propaganda en lugar de información para conservar intereses partidarios, de grupo o personales. Cuando llega a ese nivel se convierte en un sicario del periodismo.

jueves, mayo 09, 2013

Tribunal de Imprenta de La Paz

La Paz, mayo 9 (CM-GAMLP).-Después de un proceso que duró poco más de 4 meses, el Concejo Municipal de La Paz aprobó, el 18 de abril pasado, la Ordenanza que designa 7 nuevos Jurados para el Tribunal de Imprenta de La Paz, completando la lista de 40 que manda la Ley de Imprenta de 1.925.
 
Esa Ordenanza fue promulgada el 19 de abril por el Burgomaestre paceño, Luis Revilla, al día siguiente de aprobada por el Concejo, quedando un único paso para completar la tarea: Posesionar a los nuevos miembros y presentarlos ante los Jurados que ya forman parte del selecto grupo.
El acto de posesión se llevará a cabo este viernes 10 de mayo, como un homenaje del Gobierno Municipal de La Paz a los periodistas que ese día celebran el Día del Periodista Boliviano.
 
Los nuevos Jurados, tanto como los antiguos, ejercerán el cargo indefinidamente, de forma ad-honorem y mientras no haya causal de alejamiento o renuncia; no tendrán sesiones ni otro tipo de reunión obligatoria.
 
Los siete nuevos Jurados son:

1.    Mario Cañipa Mancilla
2.    Oscar Antonio Vargas Ríos
3.    Carlos Silvestre Alarcón Mondonio
4.    Ximena Verónica Basaure Ocampo
5.    Verónica Ormachea Gutiérrez
6.    René José Bilbao Villazón
7.    Lidia Bartolomé Cruz Jiménez
 
Cabe señalar que en enero de este año, el Concejo emitió y publicó una convocatoria para que individuos e instituciones envíen sus postulaciones o recomendaciones. Se presentaron un total de 21 postulaciones, en el proceso fue retirada una quedando 20. De estos postulantes fueron elegidos los nuevos 7 Jurados.
 
El Tribunal de Imprenta se encuentra contemplado en la Ley de Imprenta de 1925 que señala que sus 12 miembros serán elegidos de una lista de 40 Jurados nombrados por el Concejo Municipal al que le corresponde vigilar que el número de 40 se mantenga constante.
 
Cabe destacar que los jurados actúan únicamente bajo convocatoria de Juez competente quién conforma un Tribunal de Imprenta con doce Jurados para cada caso, los 28 restantes pueden ser objeto de objeciones por parte de las personas querellantes o juzgadas.
 
Los nuevos Jurados se suman a los otros 33 que actualmente se encuentran en ejercicio de sus funciones y son:

1.    María René Duchén
2.    Jaime Martínez Salguero
3.    Julieta Paredes
4.    Lucía Sauma
5.    Ronald Grebe
6.    Antonio Miranda Gumucio
7.    José César Villarroel
8.    Walter Augusto MachicaoCanepa
9.    Jaime VillalvaKock
10.    Lucio Enrique Rada Arteaga
11.    Lino Cañipa Rodríguez
12.    Santiago Berrios Caballero
13.    Sandra Aliaga Bruch
14.    César Enrique Díaz Romero
15.    Jhonny Ayaviri Ferreyra
16.    Mario Alfonso Ibañez M.
17.    Alberto Quevedo Iriarte
18.    Armando Martínez Clavel
19.    Ermelinda Porcel Cadena
20.    Ramiro Loza Calderón
21.    Audalia Zurita Zelada
22.    Walter Hoz de Vila Luna
23.    Xavier Albó
24.    Jaime Iturri
25.    José Luis Aguirre
26.    Toribio Hinojosa López
27.    Alvaro Marcelo Gonzáles Salinas
28.    Gladis Canchari Rivera
29.    Iván Napoleón Solari Paz
30.    Julia Matilde Grandi Mendoza
31.    Roberto Cuevas Ramírez
32.    Javier Humberto Mancilla Luna
33.    Mariano Paye Paye

Tu palabra sobre las noticias y el Derecho a la Información y la Comunicación


lunes, mayo 06, 2013

El periódico O Estado de S. Paulo de Brasil dice, en un editorial, que hay falsa democracia en Bolivia

Governos autoritários nunca traem sua natureza. O verniz democrático e de respeito ao Estado de Direito, quando existe, dura apenas o tempo necessário para a completa instalação de um regime de permanente exceção. As leis são criadas, alteradas e interpretadas de acordo não com as demandas legítimas dos cidadãos, mas segundo as conveniências dos autocratas, cujo único objetivo é manter-se no poder e impedir que ele seja contestado. E precisamente o caso da Bolívia de Evo Morales, cujo Judiciário recentemente decidiu que o presidente pode concorrer a uma nova reeleição, mesmo que a Constituição diga ex­pressamente que não.

Eleito pela primeira vez em 2005, Morales foi reeleito em 2009, já sob uma nova Constituição - que prevê o direito a apenas uma reeleição. Na avaliação do Tribunal Constitucional, porém, o que aconteceu antes da promulgação da Constituição simplesmente não vale, porque o país foi "refundado". Logo, de acordo com essa narrativa mitológica, corroborada pela mais alta instância constitucional da Bolívia, Morales elegeu-se apenas uma vez e, portanto, está apto a tentar um novo mandato.

Não que Morales estivesse muito preocupado com o desfecho do caso, porque o Tribunal Constitucional é formado por magistrados que lhe são submissos, graças ao pitoresco sistema pelo qual foram escolhidos. A atual Constituição estabeleceu que todos os magistrados das principais instâncias judiciais do país têm de ser eleitos pelo voto direto dos cidadãos. A aparência democrática esconde o fato óbvio de que juiz não é político e não pode, por definição, estar à mercê cias forças que viabilizaram sua eleição. Ademais, a escolha de um magistrado deve respeitar méritos técnicos, algo que o eleitor médio não tem condições de avaliar. Por fim, mas não menos importante, os candidatos são selecionados pelo Congresso - que é dominado pela tropa de choque de Morales. Logo, o sistema foi criado para, em nome da democracia, facilitar o controle do Judiciário por Morales.

Na eleição judicial de 2011, a primeira da história, os votos nulos e em branco somaram 60%, mostrando o ceticismo do eleitor boliviano sobre o modelo. Apesar do fiasco, os candidatos eleitos foram confirmados, e foram esses os juízes que aceitaram o papel de avalistas da violação escancarada da Constituição que eles juraram respeitar.

A própria Constituição, aliás, foi elaborada e aprovada sob uma atmosfera que nada lembra a de uma verdadeira democracia. A "refundação" da Bolívia se deu com uma Assembleia Constituinte que se trancou num quartel do Exército e que só contou com parlamentares governistas. Diante de protestos da oposição, que Morales tratou logo de qualificar como "conspiração golpista", os constituintes aprovaram um texto que muitos deles nem se quer haviam lido. Não havia necessidade, pois o texto constitucional, ao que parece, depende muito menos de sua letra e espírito e muito mais das conveniências do governo para ser seguido e respeitado.

Se eleito em 2014, Morales governará até 2020, totalizando 15 anos de governo, E não seria exagero imaginar que, até lá, ele encontrará meios de ex­trair da Constituição as justificativas necessárias para esticar mais um pouco sua temporada no poder, bem ao estilo de seu mentor, o falecido Hugo Chávez. Pois a "democracia" bolivariana é movida a casuísmos, intimidação e estado de permanente mobilização contra o "inimigo da pátria", geralmente os Estados Unidos e seus "lacaios", algo que serve para justificar toda sorte de arbitrariedades contra a oposição e as instituições.

Seguindo esse roteiro, Morales acaba de expulsar da Bolívia a Usaid, agência americana de ajuda internacional, acusando-a de conspirar contra seu governo por exercer "interferência política em sindicatos de camponeses e outras organizações sociais" que são focos de insatisfação. Na narrativa de Morales, se há oposição na Bolívia, ela só pode ser resultado de um complô americano, e não de legítimo descontentamento popular.

viernes, mayo 03, 2013

Reelección III



Andrés Gómez Vela

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el pasado lunes su segunda decisión política y manipulativa. La primera fue la sentencia sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la cual tras una impecable fundamentación para defender el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, declaró constitucional en un 50% e inconstitucional en otro 50% la Ley 222, que viola justamente ese derecho. Fue tan política esa sentencia que el TCP se despreocupó del cumplimiento de su exhortación de concertar el proceso. El gobierno se burló.

La segunda la publicó el pasado lunes (declaración 003/2013) para avalar la segunda candidatura continua del Presidente y Vicepresidente. Para este propósito usó lo previsible, un argumento político y lo escribió en los siguientes términos: “el nuevo orden es diferente al pre-existente, el nuevo orden implica una nueva era jurídico- política basada en la refundación del Estado, por ello se concluye que es absolutamente razonable y acorde con la Constitución, realizar el computo del plazo para el ejercicio de funciones tanto del Presidente como del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento en el cual la función constituyente refundó el Estado y por ende creó un nuevo orden jurídico – político”.

El TCP desconoce que precisamente para evitar la interpretación que hace y proteger la democracia de posibles manipulaciones políticas, los acuerdos de octubre de 2008 incluyeron en la Constitución la disposición transitoria primera, II, que establece: “los mandatos anteriores a la vigencia de esta constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Este artículo no fija excepciones, tampoco da lugar al uso de un truco, consumado recientemente con el proyecto de Ley de Aplicación Normativa elaborado por el MAS.

La historia demuestra ampliamente que el término refundación es político y puede ser usado a gusto y placer del poderoso de turno. Si revisamos antecedentes, el país ha sido refundado al menos unas 10 veces, pero en ningún momento perdió el nombre con el que nació, Bolivia. Ha sido y es el concepto más usado por los políticos (incluidos los dictadores), que padecen un complejo adanita.

Sin embargo, todos esos discursos se desmoronaron a su tiempo debido a que no superaron su origen: la estructura jurídica anterior. Sucedió lo mismo el 2006, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente gracias a la Constitución que incluyó esa figura en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa. Es decir, el llamado nuevo Estado tiene su origen en la estructura jurídica del Estado de 2005 y el Congreso de ese mismo año, que convocó a la Asamblea Constituyente. No hay tal nueva era jurídico-política. Con la lógica del TCP hasta las tres leyes malditas del neoliberalismo (Participación Popular, Capitalización y Reforma Educativa) inauguraron otra era.

Este argumento es tan débil y manipulador que cualquier otro gobierno declarará en el futuro una nueva refundación del Estado. Incluso aprobará una nueva Constitución. Por ello mismo esta palabra suena a la resurrección de Jesús, que se produce cada año pero con matices particulares.

Suele decirse que a los gallos se los conoce por sus peleas en cancha y a los magistrados independientes, por sus decisiones (incluso) contra sus progenitores. Hasta ahora, los magistrados del TCP no pasaron la prueba en los dos temas claves que afectaban los intereses del gobierno (TIPNIS y reelección). Los otros casos ya traían consigo las sentencias, no hacerlo hubiera sido ir contra la corriente mundial que ya había borrado la figura del desacato, garantizado la presunción inocencia y la no retroactividad de la ley.

El TCP pudo haber declarado constitucional la segunda postulación del Presidente y Vicepresidente en los términos fijados por la misma Constitución, pero prefirió ignorar la garantía de la democracia, el voto popular, vía referéndum.   

Relección II

Andrés Gómez Vela
 
Después de los cuatro argumentos presentados en el artículo Reelección I (14/04/2013, Página 7) abordo otro que, en mi criterio, debe ser tomado muy en cuenta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la redacción de la Declaración Constitucional respecto a la consulta sobre la reelección del Presidente Evo Morales. 
 
este fin, recordemos que entre otros criterios el MAS subrayó que el pacto de caballeros de 2008 entre el oficialismo y la oposición  no tiene efectos legales. Dicho de otro modo, el consenso de ese entonces, que viabilizó la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, no ha sido plasmado en un documento. El presidente Morales confesó que ese “acuerdo” fue para engañar a la oposición y camuflar la reelección. Álvaro García remató bautizándolo como la “estrategia envolvente”.
 
La Ley 3942 del Referendum Dirimitorio y Refrendatorio del proyecto de Constitución Politica del Estado, 21 de octubre de 2008 , demuestra que ese acuerdo sí tuvo y tiene efectos legales y que no fue un simple pacto ético de caballeros, que para las personas con valores tiene más peso que las leyes, pero para otras no.
 
El artículo 2 de esta ley dice: “Se aprueba e incorporan en el texto del Proyecto de  Constitución Política del Estado los ajustes efectuados por el H. Congreso Nacional, sobre la base del trabajo realizado en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y representantes municipales sobre Autonomías y por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional. Según texto anexo, que consta de 411 Artículos y 10 disposiciones transitorias, 1 disposición abrogatoria y 1 disposición final”.
 
demostrado que el acuerdo entre el MAS y la oposición fue escrito en una Ley por tanto tuvo y tiene efectos legales. Por si hubiera alguna duda: el artículo 4 establece: “La pregunta para refrendar el texto del proyecto de  Constitución Política del Estado será la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de Constitución Política del  Estado presentado por la Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional, que incluye los consensos logrados en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y Representantes Municipales sobre autonomías, incorporando el resultado de la consulta sobre el Artículo 398 a ser resuelto en este mismo referéndum, y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del Estado Boliviano?”
 
Este artículo hace referencia a la pregunta que nos hicieron para aprobar la Constitución, en la que se remarca los consensos logrados en aquel diálogo. Uno de esos acuerdos, además de las autonomías, fue la reelección por una sola vez de los primeros mandatarios (Art.168). Su redacción se decidió en el Congreso, que basado en ese consenso formuló la pregunta para escuchar nuestra opinión. Bajo esas circunstancias, la mayoría de los bolivianos aprobamos la Constitución que contempla una sola reelección. Así como están ahora las cosas, los masistas se burlaron, no sólo de la oposición (que probablemente lo tenía bien merecido) sino de nosotros, del soberano, del pueblo, de usted, de su amigo, su amiga, su vecino, de todos.
 
Esta ley demuestra que las voluntades de los constituyentes cedieron y cambiaron de dirección en el acuerdo del Congreso, donde se construyó otra voluntad, que fue sometida al pueblo, el que mandó a su primer empleado, el Presidente, promulgar el texto íntegro del proyecto de Constitución Política del Estado.
 
El TCP tiene los suficientes argumentos como para declarar que la segunda reelección del Presidente y Vicepresidente sólo será posible vía reforma de la Constitución. 

lunes, abril 22, 2013

ANP denuncia que un Fiscal prohíbe publicar fotos de Gobernador de Chuquisaca

ANP, 22 abr -  La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que un fiscal de la ciudad de Sucre, al sur del país, prohibió al periódico local Correo del Sur la publicación de fotografías del gobernador del departamento de Chuquisaca, Estéban Urquizu, y advirtió que la medida “contraviene toda norma constitucional y vulnera libertades de carácter universal propias de un clima democrático.

La ANP explica que un requerimiento emitido por el fiscal de Materia, Jorge S. Romay Pulido, el jueves 18 de abril de 2013, exige al medio impreso que a “la brevedad posible” se deje sin efecto la publicación de la imagen del Gobernador.

La medida, según la organización que agrupa a los principales medios escritos de Bolivia, “hace ejercicio de un particular y vertical exceso de autoridad” al prohibir que se difundan las fotografías de la autoridad departamental que cumple una función pública.

El fiscal Romay argumenta su requerimiento en que una imagen del gobernador Urquizu, incluida en un aviso pagado por una fábrica de cemento, lleva el “rostro y manos totalmente manchados” y recuerda que el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE) “refiere que todo boliviano y boliviana, tiene derecho a la privacidad, intimidad, honra, propia, imagen y dignidad”.

Pese a que el aviso pagado y difundido lleva con claridad la autoría, origen y responsabilidad por su contenido, el fiscal Romay requiere que el Director del periódico de la Capital de la República, “certifique qué persona y/o institución contrató el espacio publicitario”, señala la denuncia de la ANP.

La organización que asume la defensa de los principios constitucionales y la libertad de expresión, advierte un “ejercicio de autoridad cercano al propósito de incomodar a los medios de comunicación independientes”.

Recuerda que un fiscal no tiene atribuciones para prohibir la difusión de mensajes, según la Ley del Ministerio Público y que la atribución es propia de un juez en lo civil, a demanda del derecho a la imagen presentado por la parte afectada.

El requerimiento fiscal argumenta una “difusión e incitación al racismo y la discriminación” comprendida en el Artículo 281 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y señala “difamaciones racistas, discriminatorias…”

Según la organización de los medios impresos, el empleo de este argumento, también fue usado en otro caso para abrir un proceso penal contra dos periódicos y una agencia de noticias.

Ello “sólo confirma aquello que denunció la ANP en octubre de 2010: esta norma solamente tiene por finalidad castigar la independencia de los medios de comunicación, silenciar a quienes defienden las libertades ciudadanas, sin cumplir el propósito para el que fue sancionado”, expresa el comunicado.

“Por las consideraciones anotadas y los antecedentes señalados, la ANP rechaza la orden de suspender la difusión de las imágenes del gobernador Urquizu por constituir un nuevo atropello a las libertades democráticas y llama a la Fiscalía a defender los intereses colectivos en lugar de parcializarse”, concluye el pronunciamiento.