El Tribunal Supremo de Justicia sentenció hoy entre dos a tres años de prisión a seis militares y al exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, ...
El Tribunal Supremo de Justicia sentenció hoy entre dos a tres años de prisión a seis militares y al exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, procesados en un juicio de responsabilidades, por haber entregado a Estados Unidos 28 misiles del Ejército Boliviano, adquiridos en 1997 a China.
El programa “Periodismo que cuenta” de Radio La Plata de Sucre informó que los uniformados sentenciados son: Marco Antonio Justiniano, Marcelo Antezana, Marco Antonio Vásquez, Víctor Hugo Cuéllar (dos años y seis meses), David Torricos (dos años), Wilber Sánchez (dos años). Y fueron absueltos Gonzalo Rocabado y Ernesto Caballero Ustariz. La Sentencia también señala que Méndez y Justiniano fueron procesados y sentenciados en rebeldía.
El Ministerio Público había requerido una condena de 30 años para los principales responsables, tras acusarlos de los delitos de sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero, revelación de secretos militares, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; e incumplimiento de deberes.
En criterio del Tribunal de Juicio, la Fiscalía no pudo probar la comisión de los delitos de revelación de secretos y sometimiento total o parcial a dominio extranjero; para el cumplimiento de este tipo penal, Bolivia tendría que haber estado en guerra con el enemigo, que es la potencia extranjera a quien se presta colaboración, requisito que no se cumplió.
Al haberse excluido esos delitos quedaron los de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
Además, el Tribunal de Juicio encontró un vacío legal respecto a la regulación de secreto militar, que si bien tenía un decreto, éste fue derogado por el expresidente Carlos Mesa, quien aprobó el decreto de acceso a la información pública, el cual tampoco tenía un rango legal. Para que haya delito de secreto militar este elemento tiene que estar regulado por una ley.
El caso se originó entre septiembre y octubre de 2005, durante la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue excluido del caso por una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en 2011. El 27 de enero de 2012 la ALP autorizó el juicio de responsabilidades contra los responsables de la entrega de los misiles.
Origen de los misiles
Este armamento llegó como resultado del protocolo complementario firmado en Pekín, entre Bolivia y China, el 8 de octubre de 1996, que incluye los 30 misiles HN5 que arribaron al país en junio de 1997, después que el Parlamento boliviano refrendara el protocolo con una ley.
Este material bélico, comprendido como parte de los sistemas antiaéreos portátiles (MANPADS) son armas tierra-aire que se disparan desde el hombro y puede operarlo un solo individuo; sin embargo, generalmente es manipulado por dos personas: una apoya el arma en su hombro y la otra mira a través de la mirilla y dispara. Y Normalmente utilizan misiles supersónicos guiados por la fuente de calor de una aeronave.
Según fuentes militares, la operación de desactivación y entrega de los misiles se produjo en dos meses. Entre el 3 y 5 de septiembre de 2005, los 28 misiles fueron concentrados (dos se habían malogrado) en el Estado Mayor General del Ejército (EMGE) de Miraflores por orden del general Antezana. Veinte misiles habían sido transportados del Regimiento de Artillería Antiaérea-6 “Bilbao” de Viacha (exGrupo Aéreo de Defensa Antiaérea GADA-231) y ocho del Grupo Antiaéreo de la Fuerza Aérea Boliviana.
Por esos mismos días, dos expertos estadounidenses procedieron a desactivar las armas en el cuartel de Miraflores. El domingo 2 de octubre de 2005, el material fue trasladado por militares estadounidenses hasta el hangar de la embajada de Estados Unidos en la base aérea de El Alto. El lunes 3 de octubre fueron cargados en un C-130 (avión) y transportados hacia a Estados Unidos.
Por esos días, el semanario Pulso informó que tanto el Presidente de entonces, Rodríguez Veltzé y el comandante del Ejército, Marcelo Antezana, señalaron que estos misiles fueron desactivados y “demolidos” porque eran obsoletos. Esta versión fue ratificada por el vocero presidencial Julio Pemintel, quien indicó que Rodríguez tomó la decisión de avalar la desactivación de los misiles sobre la base de información que indicaba que el armamento antiaéreo databa de 1972 y era “obsoleto”.
Presión de EEUU contra el gobierno de Mesa
Según versiones de prensa de 2004 y 2005, el gobierno de Carlos Mesa soportó presiones para entregar el mencionado arsenal antiaéreo a Estados Unidos.
“Hubo una solicitud que fue denegada, al menos en las condiciones en que se había propuesto la entrega de los misiles”, declaró el excanciller Juan Ignacio Siles en declaraciones a la prensa.
Esas condiciones son las que, finalmente, se impusieron entre septiembre-octubre de 2005, es decir “unilateralmente, a cambio de nada”, agregó Siles.
El asesor jurídico del Comandante del Ejército de entonces, Osvaldo Rojas Rojas, dijo a Erbol que, “sin embargo, Mesa permitió que los estadounidenses fotografiaran los misiles”.
El almirante y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) en 2005, Marco Antonio Justiniano, señaló en agosto de 2013 que el expresidente Rodríguez estaba enterado de la decisión sobre los misiles.
"En un informe que lo presentamos, conjuntamente el ministro de Defensa (en 2005), Gonzalo Méndez, y yo al Presidente (Rodríguez Veltzé), señala en alguno de los párrafos: ‘de conformidad a los informes del Ejército y que fue comunicado a su Excelencia’. Eso hace suponer que el señor Presidente entonces conocía de esta situación y él con su conocimiento jurídico no observó de que hubiera algo irregular en la firma de un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Embajada de Estados Unidos", aseguró Justiniano.
Eduardo Rodríguez Veltzé, que ahora es embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos y agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue excluido del proceso en 2011.
El juicio de responsabilidades por el caso Misiles Chinos comenzó hace cinco años y terminó hoy.
El programa “Periodismo que cuenta” de Radio La Plata de Sucre informó que los uniformados sentenciados son: Marco Antonio Justiniano, Marcelo Antezana, Marco Antonio Vásquez, Víctor Hugo Cuéllar (dos años y seis meses), David Torricos (dos años), Wilber Sánchez (dos años). Y fueron absueltos Gonzalo Rocabado y Ernesto Caballero Ustariz. La Sentencia también señala que Méndez y Justiniano fueron procesados y sentenciados en rebeldía.
El Ministerio Público había requerido una condena de 30 años para los principales responsables, tras acusarlos de los delitos de sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero, revelación de secretos militares, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; e incumplimiento de deberes.
En criterio del Tribunal de Juicio, la Fiscalía no pudo probar la comisión de los delitos de revelación de secretos y sometimiento total o parcial a dominio extranjero; para el cumplimiento de este tipo penal, Bolivia tendría que haber estado en guerra con el enemigo, que es la potencia extranjera a quien se presta colaboración, requisito que no se cumplió.
Al haberse excluido esos delitos quedaron los de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
Además, el Tribunal de Juicio encontró un vacío legal respecto a la regulación de secreto militar, que si bien tenía un decreto, éste fue derogado por el expresidente Carlos Mesa, quien aprobó el decreto de acceso a la información pública, el cual tampoco tenía un rango legal. Para que haya delito de secreto militar este elemento tiene que estar regulado por una ley.
El caso se originó entre septiembre y octubre de 2005, durante la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue excluido del caso por una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en 2011. El 27 de enero de 2012 la ALP autorizó el juicio de responsabilidades contra los responsables de la entrega de los misiles.
Origen de los misiles
Este armamento llegó como resultado del protocolo complementario firmado en Pekín, entre Bolivia y China, el 8 de octubre de 1996, que incluye los 30 misiles HN5 que arribaron al país en junio de 1997, después que el Parlamento boliviano refrendara el protocolo con una ley.
Este material bélico, comprendido como parte de los sistemas antiaéreos portátiles (MANPADS) son armas tierra-aire que se disparan desde el hombro y puede operarlo un solo individuo; sin embargo, generalmente es manipulado por dos personas: una apoya el arma en su hombro y la otra mira a través de la mirilla y dispara. Y Normalmente utilizan misiles supersónicos guiados por la fuente de calor de una aeronave.
Según fuentes militares, la operación de desactivación y entrega de los misiles se produjo en dos meses. Entre el 3 y 5 de septiembre de 2005, los 28 misiles fueron concentrados (dos se habían malogrado) en el Estado Mayor General del Ejército (EMGE) de Miraflores por orden del general Antezana. Veinte misiles habían sido transportados del Regimiento de Artillería Antiaérea-6 “Bilbao” de Viacha (exGrupo Aéreo de Defensa Antiaérea GADA-231) y ocho del Grupo Antiaéreo de la Fuerza Aérea Boliviana.
Por esos mismos días, dos expertos estadounidenses procedieron a desactivar las armas en el cuartel de Miraflores. El domingo 2 de octubre de 2005, el material fue trasladado por militares estadounidenses hasta el hangar de la embajada de Estados Unidos en la base aérea de El Alto. El lunes 3 de octubre fueron cargados en un C-130 (avión) y transportados hacia a Estados Unidos.
Por esos días, el semanario Pulso informó que tanto el Presidente de entonces, Rodríguez Veltzé y el comandante del Ejército, Marcelo Antezana, señalaron que estos misiles fueron desactivados y “demolidos” porque eran obsoletos. Esta versión fue ratificada por el vocero presidencial Julio Pemintel, quien indicó que Rodríguez tomó la decisión de avalar la desactivación de los misiles sobre la base de información que indicaba que el armamento antiaéreo databa de 1972 y era “obsoleto”.
Presión de EEUU contra el gobierno de Mesa
Según versiones de prensa de 2004 y 2005, el gobierno de Carlos Mesa soportó presiones para entregar el mencionado arsenal antiaéreo a Estados Unidos.
“Hubo una solicitud que fue denegada, al menos en las condiciones en que se había propuesto la entrega de los misiles”, declaró el excanciller Juan Ignacio Siles en declaraciones a la prensa.
Esas condiciones son las que, finalmente, se impusieron entre septiembre-octubre de 2005, es decir “unilateralmente, a cambio de nada”, agregó Siles.
El asesor jurídico del Comandante del Ejército de entonces, Osvaldo Rojas Rojas, dijo a Erbol que, “sin embargo, Mesa permitió que los estadounidenses fotografiaran los misiles”.
El almirante y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) en 2005, Marco Antonio Justiniano, señaló en agosto de 2013 que el expresidente Rodríguez estaba enterado de la decisión sobre los misiles.
"En un informe que lo presentamos, conjuntamente el ministro de Defensa (en 2005), Gonzalo Méndez, y yo al Presidente (Rodríguez Veltzé), señala en alguno de los párrafos: ‘de conformidad a los informes del Ejército y que fue comunicado a su Excelencia’. Eso hace suponer que el señor Presidente entonces conocía de esta situación y él con su conocimiento jurídico no observó de que hubiera algo irregular en la firma de un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Embajada de Estados Unidos", aseguró Justiniano.
Eduardo Rodríguez Veltzé, que ahora es embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos y agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue excluido del proceso en 2011.
El juicio de responsabilidades por el caso Misiles Chinos comenzó hace cinco años y terminó hoy.
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