Por José Luis Saavedra El tema ambiental se ha puesto nuevamente en debate en Bolivia , debido a la promulgación del Decreto Supremo...
Por José Luis Saavedra
El
tema ambiental se ha puesto nuevamente en debate en Bolivia, debido a la
promulgación del Decreto Supremo (DS) Nº 2366, del 20 de mayo de 2015, que
autoriza la exploración petrolera y permite el desarrollo de actividades
hidrocarburíferas en diferentes zonas y categorías de áreas protegidas del país.
La aprobación del referido DS ha generado una discusión muy interesante en
torno al cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos de la Madre
Tierra frente a las actividades extractivas, además de las problemáticas
emergentes de la reciente aprobación de una ley de incentivos a los productores
de hidrocarburos1
en los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) y la administración
gubernamental de la consulta a los pueblos andinos y naciones amazónicas2.
El
Gobierno del presidente Evo Morales ha aprobado el decreto que autoriza la exploración
petrolera en las áreas que Bolivia protege por razones eco-ambientales. El DS
en cuestión establece palmariamente que “se permite el desarrollo de
actividades hidrocarburíferas de exploración petrolera en las diferentes zonas
y categorías de áreas protegidas”. La aprobación de este DS faculta a las
empresas petroleras, esencialmente transnacionales, desarrollar actividades de
exploración y explotación hidrocarburífera en las áreas protegidas, parques
nacionales, reservas de la biosfera y territorios indígenas.
El propósito del presente libro es precisamente reflexionar en torno a cuáles son las motivaciones e incitaciones gubernamentales para aprobar y emitir ordenanzas como el DS Nº 2366 y otras similares (que no son sino un conjunto de normas expoliadoras y por tanto funcionales al desarrollo del capitalismo extractivista) y cuáles son las consecuencias e implicaciones de las mismas en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y territoriales de los pueblos y naciones andinas y amazónicas.
El propósito del presente libro es precisamente reflexionar en torno a cuáles son las motivaciones e incitaciones gubernamentales para aprobar y emitir ordenanzas como el DS Nº 2366 y otras similares (que no son sino un conjunto de normas expoliadoras y por tanto funcionales al desarrollo del capitalismo extractivista) y cuáles son las consecuencias e implicaciones de las mismas en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y territoriales de los pueblos y naciones andinas y amazónicas.
Para el logro de este empeño empezaremos viendo la genealogía de los decretos y demás disposiciones promulgados por el gobierno del presidente Evo. Luego, veremos cómo estas normas, profundamente favorecedoras del capital transnacional, se condensan y se densifican de manera colonial y colonialista en los decretos de expoliación petrolera en las áreas protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera y sus correspondientes impactos en la vida misma de los pueblos y comunidades de las tierras bajas y altas. Después, de-mostraremos las re-acciones violentas del gobierno del MAS para imponer tales decretos por sobre la persistente resistencia y voluntad política de cuidado de la Madre Tierra y de la vida misma de los pueblos y naciones andinas y amazónicas.
La
perspectiva política y epistémica que asumimos en esta “práctica teórica” (como
diría el maestro Louis Althusser[3])
es la de la radicalidad crítica y (al mismo tiempo) la criticidad radical
propia de las insurgencias sociopolíticas y procesos histórico-culturales de
los pueblos y comunidades andinas y amazónicas desde hace al menos 500 años. Y
también intentamos ser consecuentes con el desarrollo de la conciencia crítica
y las pautas éticas, políticas y epistémicas del gran Raúl “chato” Prada en el
sentido que “no se puede (ni se debe) callar ante ninguna de las atrocidades
del poder”.
Antes
de empezar a transitar por los chaqui ñan
de este texto conviene, referir, brevemente, nuestra comprensión cardinal del
extractivismo, que es la economía basada en la extracción intensiva de los
recursos naturales destinados a la exportación. El extractivismo se refiere pues
a una serie de actividades dedicadas a extraer grandes cantidades de recursos
naturales sin procesar (o apenas procesados) mayormente destinados a la
exportación a los centros de acumulación global.
Históricamente, desde hace 500 años, el país ha sido muy dependiente de las exportaciones con-centradas en una muy poca variedad de productos primarios. Este modelo de crecimiento basado en los sectores extractivos ha sido criticado tanto por su elevada vulnerabilidad y dependencia de factores externos y escasa sostenibilidad (económica y ecológica), como por no haber logrado un cambio en la matriz o estructura productiva de la tradicional economía boliviana. A partir de este discernimiento primordial, veamos cómo opera el extractivismo en el campo hidrocarburífero, empezamos por el análisis de las normativas gubernamentales más recientes.
Históricamente, desde hace 500 años, el país ha sido muy dependiente de las exportaciones con-centradas en una muy poca variedad de productos primarios. Este modelo de crecimiento basado en los sectores extractivos ha sido criticado tanto por su elevada vulnerabilidad y dependencia de factores externos y escasa sostenibilidad (económica y ecológica), como por no haber logrado un cambio en la matriz o estructura productiva de la tradicional economía boliviana. A partir de este discernimiento primordial, veamos cómo opera el extractivismo en el campo hidrocarburífero, empezamos por el análisis de las normativas gubernamentales más recientes.
[1] Con el fin de atraer nuevas inversiones, el Gobierno aprobó la Ley 767
de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera,
promulgada en diciembre de 2015, que dispone la creación de un fondo para los
incentivos, que se financiará con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH), antes de su distribución, que reciben las
gobernaciones, alcaldías y universidades.
[2] Véase “Indígenas presentan más recursos de inconstitucionalidad contra
ley de consulta previa” (Los Tiempos,
3 de marzo de 2015). También conviene ver “El gobierno de Evo Morales coarta el
derecho indígena a la consulta previa” (Bolpress,
17 junio 2010) y “Evo considera pérdida de tiempo consultar a pueblos
indígenas” (Los Tiempos, 15 julio
2015).
[3] Cfr. Althusser, Louis, Para una
crítica de la práctica teórica, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 1974.
Vea el documento completo de de investigación en:
Takovo mora from Rimay Pampa
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