Texto: Opinión; foto: Los Tiempos. En 2014, tres dirigentes cocaleros de la Federación Única de Centrales Unidas (FUCU) de Shinahota fuero...
Texto: Opinión; foto: Los Tiempos.
En 2014, tres dirigentes cocaleros de la Federación Única de Centrales Unidas (FUCU) de Shinahota fueron acusados por la Fiscalía de atentar contra el Presidente Evo Morales, instigación pública a delinquir, organización criminal y asociación delictuosa. Tras ocho meses de juicio oral en Tiraque, el proceso se extinguió por el transcurso del tiempo y por falta de pruebas, informó el diario Opinión de Cochabamba.
Los tres dirigentes cocaleros, Hervert Valencia, Elmer Lizarazu y Adrián Trujillo, enfrentaron el proceso durante tres años.
Dos de los tres acusados visitaron ayer OPINIÓN y revelaron que la Fiscalía no pudo probar los delitos y que las audiencias se pospusieron una tras otra, con diferentes excusas, porque “en realidad no había pruebas, solo presiones".
"Incluso, uno de los fiscales se fue en plena audiencia y no volvió más, pues los abogados de la defensa lo cuestionaron por la falta de evidencias”, dijeron.
Finalmente, sus abogados plantearon un incidente de extinción de la causa porque un proceso no puede durar más de tres años y ellos ya llevaban tres años y ocho meses.
Los dos cocaleros recalcaron que fue un “juicio político” y recordaron que en 2015 se debía elegir a gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales. En Shinahota, el Movimiento Al Socialismo convocó a un cabildo al que asistieron más de 5.000 personas, y la mayoría eligió como candidata a la dirigente Lidia Poma.
Una minoría pretendía ratificar al alcalde Rimer Ágreda. El presidente Evo Morales, que también dirige a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, “desconoció la decisión del cabildo y quiso imponer a Ágreda, pese a que la Contraloría General del Estado emitió varios cargos contra él”.
Los dirigentes de Shinahota afirmaron que su “delito fue reclamar al Presidente el respeto a la decisión del cabildo”. Por ello, los tres fueron detenidos el 24 de diciembre de 2014 y sindicados de cuatro delitos.
Elmer Lizarazu fue detenido durante 12 meses en San Sebastián y asegura que este proceso lo obligó a gastar 40.000 dólares desde 2014. Hervert Valencia estuvo preso cuatro meses y gastó 25.000 dólares. Su compañero Adrián Trujillo estuvo preso tres meses y gastó unos 20.000 dólares en todo el proceso.
Adelantaron que acudirán a la vía penal para exigir el resarcimiento de daños y perjuicios porque en los últimos años perdieron familia, se hicieron préstamos y tuvieron grandes pérdidas a raíz de este juicio al que calificaron de “injusto y político”.
En 2014, tres dirigentes cocaleros de la Federación Única de Centrales Unidas (FUCU) de Shinahota fueron acusados por la Fiscalía de atentar contra el Presidente Evo Morales, instigación pública a delinquir, organización criminal y asociación delictuosa. Tras ocho meses de juicio oral en Tiraque, el proceso se extinguió por el transcurso del tiempo y por falta de pruebas, informó el diario Opinión de Cochabamba.
Dos de los tres acusados visitaron ayer OPINIÓN y revelaron que la Fiscalía no pudo probar los delitos y que las audiencias se pospusieron una tras otra, con diferentes excusas, porque “en realidad no había pruebas, solo presiones".
"Incluso, uno de los fiscales se fue en plena audiencia y no volvió más, pues los abogados de la defensa lo cuestionaron por la falta de evidencias”, dijeron.
Finalmente, sus abogados plantearon un incidente de extinción de la causa porque un proceso no puede durar más de tres años y ellos ya llevaban tres años y ocho meses.
Los dos cocaleros recalcaron que fue un “juicio político” y recordaron que en 2015 se debía elegir a gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales. En Shinahota, el Movimiento Al Socialismo convocó a un cabildo al que asistieron más de 5.000 personas, y la mayoría eligió como candidata a la dirigente Lidia Poma.
Una minoría pretendía ratificar al alcalde Rimer Ágreda. El presidente Evo Morales, que también dirige a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, “desconoció la decisión del cabildo y quiso imponer a Ágreda, pese a que la Contraloría General del Estado emitió varios cargos contra él”.
Los dirigentes de Shinahota afirmaron que su “delito fue reclamar al Presidente el respeto a la decisión del cabildo”. Por ello, los tres fueron detenidos el 24 de diciembre de 2014 y sindicados de cuatro delitos.
Elmer Lizarazu fue detenido durante 12 meses en San Sebastián y asegura que este proceso lo obligó a gastar 40.000 dólares desde 2014. Hervert Valencia estuvo preso cuatro meses y gastó 25.000 dólares. Su compañero Adrián Trujillo estuvo preso tres meses y gastó unos 20.000 dólares en todo el proceso.
Adelantaron que acudirán a la vía penal para exigir el resarcimiento de daños y perjuicios porque en los últimos años perdieron familia, se hicieron préstamos y tuvieron grandes pérdidas a raíz de este juicio al que calificaron de “injusto y político”.
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