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La estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), dependiente del gobierno central, anunció un proceso penal contra el director de Brújula Digital, Raúl Peñaranda, por una nota cuyo contenido advierte que la nacionalizada incumple la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una vida Segura”, No 264.
“Por segunda vez la empresa ENTEL convocó públicamente a la contratación de una empresa de seguridad sin exigir que la firma sea legalmente reconocida o que cuente con la licencia de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Gobierno”, señala el párrafo de entrada de la nota de Brújula Digital, difundida el pasado 21 de diciembre de 2018.
Lea la nota que causó la amenaza de juicio penal: https://goo.gl/YNmvjU
“Brújula Digital accedió a los pedidos de “Cotización simple No 112/2018” y “No 163/2018” y en ambos casos no está presente el requisito de que las empresas que provean los servicios estén legalmente registradas, como ordena la Ley 264 y la Resolución Ministerial No 021B/2013”, agrega.
El artículo 65 de la Ley 264 establece: “Las empresas privadas de vigilancia serán autorizadas, para su funcionamiento, por el comando general de la policía boliviana. La autorización expedida debe ser homologada por resolución ministerial emitida por el ministerio de gobierno, de acuerdo al reglamento elaborado por el mismo ministerio”.
El artículo 29 de la Resolución No 021 B/ 2013 estipula que las empresas públicas o privadas contratantes deberán verificar la siguiente documentación:
- Resolución de autorización de funcionamiento.
- Licencia de funcionamiento
- Publicación de prensa.
Brújula Digital informó que “las dos invitaciones de ENTEL incumplen con ello” y alertó que “la omisión de estos requisitos los expones a una multa como establece el artículo 30 de la mencionada norma”.
“La omisión en la verificación de la documentación previamente citada (Art. 29) será pasible a una sanción pecuniaria por la mitad del monto establecido en la boleta de garantía para el tipo de empresa contratada, a cuenta fiscal a favor de la Policía Boliviana”, señala el artículo 30 de la Resolución Ministerial No 021 B/ 2013.
El gerente nacional de Administración y Finanzas de Entel, José Arturo Molina, anunció en dos cartas un proceso penal contra Peñaranda (foto).
Según este funcionario, “la publicación referida afecta la imagen de Entel SA, juzga en desmedro de su derecho a la defensa”.
Bajo ese criterio, Molina solicitó a Brújula Digital “desagraviar el daño a la imagen empresarial retractándose y aclarando expresamente la publicación cuestionada, sea dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la presente solicitud”.
Después de otorgar el plazo, el funcionario anunció “acciones legales que correspondan según Ley en contra de los personeros de la Brújula Digital y otros que correspondan”.
En un último comunicado, Entel señaló que el proceso penal anunciado es "por las mentiras y daño a la imagen de la empresa" y que está dirigida contra una persona (Raúl Peñaranda) y no contra la Libertad de Expresión ni la Libertad de Prensa.
En suma, la nota de Brújula Digital sugiere a Entel, de forma indirecta, cumplir la Ley No 264 y la resolución ministerial No 021 B/ 2013.
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