La Paz, 25 de febrero .- Una de las escenas de la película -propagandística- Insurgentes (Jorge Sanjinés) representa a Santos Marka T’...
La Paz, 25 de febrero .- Una de las escenas de la película -propagandística- Insurgentes (Jorge Sanjinés) representa a Santos Marka T’ula, principal cacique apoderado de los ayllus y comunidades que a finales del siglo XIX luchaban por la defensa de sus territorios comunitarios. La escena es sugerente porque muestra a este personaje como un trajinante, siempre cargado de documentación de los ayllus e irrumpiendo espacios de poder con su semblante indio, ataviado de reivindicaciones en papel y su atuendo originario.
Esta escena viene repitiéndose secularmente, al parecer los trajines de los ayllus originarios y pueblos indígenas no tiene fin. Persisten las demandas de titulación colectiva, respeto a los derechos, respeto a la identidad, respeto a la existencia. La película en su desenlace muestra a Marka T’ula en uno de los modernos teleféricos que se han impuesto en el paisaje de la sede política de Bolivia; una metáfora que ironiza sobre el rumbo de las reivindicaciones territoriales “montadas” en la modernización, o tal vez, cooptadas por un vehículo de poder.
En Bolivia, la propiedad colectiva de los territorios ha sido legislada hace más de 20 años, se observó positivamente cómo la ratificación de los convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, daba lugar a procesos de descentralización y al ejercicio de la libre determinación de naciones originarias y pueblos indígenas, que habían sobrevivido dinámicamente a la colonización y a la constitución del Estado nacional republicano.
Un ejemplo de estos procesos, es el proyecto de reconstitución territorial de la Nación Qhara Qhara, diseminada entre los departamentos de Potosí y Chuquisaca, y cuyas markas, jatun ayllus y ayllus vienen generando liderazgos y propuestas organizacionales propias, además de una amplia reflexión sobre el ejercicio de la justicia indígena originaria.
Con la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) (2009) se abrió paso, según los líderes de esta nación originaria, a una serie de oportunidades que hacen precisamente a la construcción de la plurinacionalidad. No obstante, el aliento desde el Estado por viabilizar estas oportunidades, se agotó tempranamente y varios territorios en todo el país tienen demandas de titulación colectiva pendientes, no respetadas, vulneradas e incluso cuestionadas por personeros del gobierno central.
Ante una serie de conflictos territoriales que enfrentan a los ayllus originarios y sindicatos campesinos, la marka Quila Quila de los Qhara Qhara, han movilizado una serie de estrategias jurídicas en defensa de su territorio y su cultura. La disputa por los recursos naturales ha desperdigado entre su población una idea pragmática y no sostenible sobre la propiedad individual, restando apoyo y consecuencia a su inicial demanda territorial. Violencia, maltrato y una discriminación estructural de parte de las instituciones estatales han sido el día a día de esta marka originaria que ha logrado representación directa en la asamblea departamental de Chuquisaca, ha logrado -con una lectura concienzuda de la CPEP- que no se exija personería jurídica a los pueblos indígenas apelando al artículo 2 que afirma su preexistencia al Estado boliviano; en varias oportunidades ha frenado la arbitrariedad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y esta pulseta se ha agudizado a tal grado que como último recurso, los Qhara Qhara han convocado a otras naciones y pueblos indígenas a reflexionar sobre sus conflictos y juntos han encontrado un común denominador que es la sistemática vulneración a los derechos colectivos de los pueblos indígenas suscritos en la CPEP y toda la normativa internacional, que se ve en el permanente favorecimiento a la propiedad individual, a la parcelación de la tierra, a la apertura o casi nulo control a empresas mineras, hidrocarburíferas y proyectos de infraestructura desarrollista (carreteras, hidroeléctricas, etc.), a los viciados procesos de consulta previa que siempre se (simulan) hacen ante el pedido y protesta de campesinos e indígenas ya afectados por los impactos medioambientales, o directamente, despojados de sus tierras y territorios.
El 6 de febrero se ha emprendido una marcha que salió de la ciudad de Sucre rumbo a la ciudad de La Paz. El gobierno se ha comunicado ágilmente con los marchistas advirtiendo su seguimiento y se ha dispuesto al diálogo. Luego de 13 días de caminata, a la espera del diálogo a realizarse el día 21 de febrero, la marcha hizo una pausa en la localidad de Pazña (Oruro) a la espera de los resultados, no obstante, de más de dos horas de conversación entre delegados de la marcha y el presidente Evo Morales, no se obtienen resultados favorables (Página Siete, https://bit.ly/2SQs39k). Las autoridades no pudieron registrar la reunión para informar a sus bases, se les decomisaron los celulares, no se permitió que se tomen fotografías, se les increpó estar de lado de la derecha y se recomendó hacer llegar sus propuestas y demandas a la Asamblea Legislativa (Audio informe corto de la reunión, https://bit.ly/2E3EKDD).
En permanente trajín, Mario Chincha (Quraqa de la Nación Qhara Qhara), Samuel Flores (ex quraqa y representante del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina) y Vicente Flores (autoridad Quila Quila) delegados de la Marcha de Naciones Originarias y Pueblos Indígenas, el 22 de febrero llegaron a La Paz, portando la documentación que el presidente Morales recomendó hacer llegar a la Asamblea Legislativa. Su ingreso a los recintos del poder legislativo no fue tan llano como mostraba la película antes mencionada, un grupo de al menos 12 policías les impidió su ingreso, les forzaron a rodear la plaza para poder ingresar por correspondencia, los documentos con demandas y propuestas que viabilizan la plurinacionalidad en Bolivia; y además, no permitieron que emitan declaraciones a medios de comunicación en la plaza Murillo, centro de los poderes en la ciudad de La Paz.
La documentación presentada puede resumirse así:
- Solicitud de proyecto de ley de restitución de territorios ancestrales como dominio ancestral preexistentes, consensuada y suscrita como originarios de los ayllus, markas, suyus. Proyecto de ley con el objeto de “reconocimiento y la restitución efectiva de los territorios ancestrales de las naciones” bajo los principios de autoidentificación, respeto al sistema jurídico indígena originario, ancestralidad.
- Solicitud de modificación Ley 073, artículo 10.II deslinde jurisdiccional. Cumplir la constitución, el artículo 179 sobre la igualdad de jerarquía entre jurisdicciones y derecho a la consulta previa. Propuesta de ley.
- Solicitud de modificación de Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Art. 52 V; Art. 54.III; Art. 54. VII Respeto a las normas y procedimientos propios para encaminar la autonomía aprobando los estatutos mediante normas y procedimientos propios de las naciones originarias y pueblos indígenas.
La columna de la Marcha se ha engrosado con la Nación Lupacas, la Nación Suras, la Nación Pakajaki y otras organizaciones en proceso de reconstitución. Las organizaciones de territorios que están en franca resistencia y defensa ante el extractivismo en tierras bajas, respaldan esta movilización, pero han excusado su participación por las lluvias, inundaciones y precariedad que viven en sus territorios. Coincidente con el inicio de esta marcha, la Subcentral de comunidades campesinas de la Reserva Natural de Tariquía, que denuncia y resiste el despojo y afectación de la exploración (y pronto explotación) hidrocarburífera en su territorio, ha logrado frenar el ingreso de los trabajadores de la empresa petrolera.
En lugar de afianzar la libre determinación de los pueblos indígenas, en los últimos diez años ha ocurrido un proceso de debilitamiento y fraccionamiento de las principales organizaciones que conformaban el movimiento campesino indígena boliviano. La vulneración de derechos suscritos constitucionalmente ha sido observada por varias instancias y en diversos temas, no obstante, muchas autoridades indígenas y dirigentes campesinos insisten en defender los logros constitucionales que expresan la reivindicación histórica de varios sectores de la sociedad.
Mario Chincha cuenta que en lugar de que el resto de la población se solidarice con la Marcha, han recibió muchos insultos y discriminación; “el gobierno ha hecho desvalorizarnos como campesinos e indígenas, nos miran como si fuésemos de parte de ellos, y no como naciones, no como autoridades”, indica. Pese a este proceso de revitalización del racismo y discriminación, las fuerzas de activistas y defensores de derechos todavía insisten en hacer sentir su respaldo. Las autoridades originarias no han permitido que se sumen a la columna de la marcha personas, instituciones o grupos que no correspondan a las naciones indígenas y originarias, no como un principio excluyente, sino porque quieren sostener su independencia en todo ámbito y porque la solidaridad que se expresa en redes sociales también debe manifestarse en la recepción de los marchistas en los centros poblados y ciudades. La población urbana tiene la oportunidad de conocer el testimonio de estos líderes y autoridades indígenas originarias y dar sentido a la plurinacionalidad suscrita en la constitución de todos los ciudadanos (Facebook: @autogobiernoindigenaoriginario).
Determinación de naciones originarias enviada al gobierno central: https://bit.ly/2Equ2sf
ARTICULO ESCRITO POR Ruth Bautista - Investigadora IPDRS 
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