Gisela Derpic guarda en su memoria tres hechos de su gestión en la Prefectura de Potosí respecto a lo que hoy se denomina el caso Quiborax: ...
Gisela Derpic guarda en su memoria tres hechos de su gestión en la Prefectura de Potosí respecto a lo que hoy se denomina el caso Quiborax: 1) la visita de David Moscoso Ruiz a su oficina, 2) su viaje a Delta del Rio Grande, y 3) la demanda social que pedía revertir las concesiones en el Salar de Uyuni.
“Sí, conocí a Moscoso, cuando estuve como prefecta del gobierno de Carlos Mesa (en 2004)”, dijo a RimayPampa el miércoles y explicó que lo vio en la oficina que tenía la Prefectura de Potosí en La Paz.
Indicó que se había enterado de Moscoso por las comunidades de Río Grande y las organizaciones cívicas de Uyuni y Potosí que lo mencionaban como “el testaferro de capitales chilenos”.
Moscoso apareció en escena pública después que el Estado Plurinacional perdió una demanda interpuesta por un falso consorcio boliviano - chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En consecuencia, ese Tribunal Internacional dispuso en septiembre de 2015 pagar $us57 millones a Non-Metallic Minerales S.A. (NMM) y la chilena Quiborax por haber violado, supuestamente, el Tratado de Inversiones (TBI) firmado entre Bolivia y Chile.
Según documentos revisados por RimayPampa, Moscoso hizo todos los trámites ante el Estado Boliviano para obtener las concesiones en el Salar de Uyuni.
“Yo lo tuve frente a mí a este caballero, ese día me dijo: se me acusa que la empresa que yo represento es chilena y no es chilena, la empresa es boliviana”, afirmó Derpic.
Contó que ese día Moscoso mostró documentos, sacudió papeles frente a su cara para asegurar que los capitales de la empresa eran totalmente bolivianos y no chilenos.
Por ello, Derpic no entiende por qué el gobierno de Evo Morales pagó 42.6 millones de dólares, luego que el equipo de Héctor Arce fracasó en su intento de anular el laudo arbitral iniciado por Quiborax.
“Si bien en toda nacionalización hay compensación, en el caso Quiborax no había lugar porque es una empresa boliviana, se reclamó boliviana y sus papeles efectivamente decían que era boliviana”, aseguró.
Es más, prosiguió, después del decreto de Mesa se estableció que la Superintendencia de Minas había vulnerado prohibiciones expresas respecto a la disposición del capital accionario de la empresa de Moscoso.
“La empresa ignoró las prohibiciones, hizo lo que le vino en gana; sobre esa base la Superintendencia de Minas anuló esas concesiones. Entonces la empresa fue pillada en falta”, agregó y recordó que, además, “había versiones de que la concesión había sido basada en fraude”.
Para Derpic, la empresa no debía ni abrir la boca por las faltas que cometió.
“Fue en ese momento que Moscoso falsificó la constitución del capital social de la empresa —junto a los ocho chilenos liberados de toda culpa hace días por el Estado Plurinacional— para hacer aparecer la empresa que decía que era boliviana como mayoritariamente chilena”, dijo.
Derpic explicó que como empresa boliviana no podía demandar al estado boliviano ante un tribunal internacional, por lo que cuestionó al gobierno de Evo Morales por haber aceptado el documento falso como verdadero y habilitar a esa empresa para la demanda ante el Ciadi.
En criterio de la exprefecta, el gobierno del Movimiento al Socialismo debió decir a Quiborax: "no tienes legitimación para demandarme porque falsificaste, tú eres una empresa boliviana y si quieres decir algo lo dices dentro del país y no fuera”.
“En el mismo momento que comenzó la demanda hubiera acabado el pleito si (en el gobierno) hubiera habído competencia profesional, buena fe y amor a la patria”, añadió.
Viaje hasta el lugar donde no había empresa
Derpic contó que, en diciembre de 2003, la gente de Potosí estaba molesta porque las empresas que explotaban ulexita no dejaban ningún beneficio ni a las comunidades ni a la región.
“Los pobladores se pronunciaban por escrito y había movilizaciones sociales. Por ello, al primer lugar a donde yo asistí en mi condición de prefecta para tratar de solucionar un conflicto de proporciones fue a Uyuni”, narró.
Tras informarse sobre la convulsión y el malestar social que había en la región, viajó con el director de medio ambiente hasta el lugar de los hechos (Delta del Rio Grande), donde constató con asombro que no había infraestructura de empresa, sino unas instalaciones improvisadas con obreros no muy bien tratados que sacaban ulexita.
“No había ni con quien hablar, era una desolación total dentro del salar”, dijo y concluyó que por lo que vio aquella vez esa empresa no invirtió ni 600 mil dólares.
Sin nacionalización, hubiera habido convulsión
Derpic juró como Prefecta el 28 de octubre de 2003 y el 5 de noviembre de 2003 recibió el pliego petitorio del Comité Cívico de Potosí que, en uno de sus puntos, pedía a Carlos Mesa la reversión de las concesiones de la empresa chilena.
En opinión de Derpic, si Carlos Mesa no hubiera nacionalizado, hubiera habido un estallido social de grandes proporciones en la región potosina.
“Mesa tomó una decisión en función de los intereses del país y de Potosí en uso de lo que llamamos soberanía del estado”, puntualizó.
Derpic manifestó que no puede creer que ahora el gobierno del MAS diga: no hicieron auditorias.
“¿Y qué auditorias hizo pues el gobierno de Ovando cuando Marcelo Quiroga nacionalizó la Gulf Oil? ¿En qué queda la soberanía del Estado?”, interrogó la exprefecta.
Comentó que la decisión de Mesa fue festejada y publicada en la portada del periódico El Potosí, donde se difundió una foto del abrazo entre su persona y René Navarro, que mantenía huelga de hambre en una carpa, en la puerta de la prefectura.
Derpic dijo que el gobierno del que fue parte analizó todas las consecuencias posibles antes de asumir la medida, entre ellas, las económicas.
“Toda reversión de recursos, toda nacionalización da lugar a una compensación. La nacionalización de la Gulf Oil dio lugar a una compensación que se pagó largamente”, indicó.
Sin embargo —prosiguió Derpic— esa compensación no es arbitraria, hay límites; pero en el caso de Quiborax no había lugar a ninguna compensación.
“Por eso no puedo creer la cantidad de plata que se les ha entregado a unas personas que sacaban la ulexita en bolsas”, concluyó.
“Sí, conocí a Moscoso, cuando estuve como prefecta del gobierno de Carlos Mesa (en 2004)”, dijo a RimayPampa el miércoles y explicó que lo vio en la oficina que tenía la Prefectura de Potosí en La Paz.
Indicó que se había enterado de Moscoso por las comunidades de Río Grande y las organizaciones cívicas de Uyuni y Potosí que lo mencionaban como “el testaferro de capitales chilenos”.
Moscoso apareció en escena pública después que el Estado Plurinacional perdió una demanda interpuesta por un falso consorcio boliviano - chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En consecuencia, ese Tribunal Internacional dispuso en septiembre de 2015 pagar $us57 millones a Non-Metallic Minerales S.A. (NMM) y la chilena Quiborax por haber violado, supuestamente, el Tratado de Inversiones (TBI) firmado entre Bolivia y Chile.
Según documentos revisados por RimayPampa, Moscoso hizo todos los trámites ante el Estado Boliviano para obtener las concesiones en el Salar de Uyuni.
“Yo lo tuve frente a mí a este caballero, ese día me dijo: se me acusa que la empresa que yo represento es chilena y no es chilena, la empresa es boliviana”, afirmó Derpic.
Contó que ese día Moscoso mostró documentos, sacudió papeles frente a su cara para asegurar que los capitales de la empresa eran totalmente bolivianos y no chilenos.
Por ello, Derpic no entiende por qué el gobierno de Evo Morales pagó 42.6 millones de dólares, luego que el equipo de Héctor Arce fracasó en su intento de anular el laudo arbitral iniciado por Quiborax.
“Si bien en toda nacionalización hay compensación, en el caso Quiborax no había lugar porque es una empresa boliviana, se reclamó boliviana y sus papeles efectivamente decían que era boliviana”, aseguró.
Es más, prosiguió, después del decreto de Mesa se estableció que la Superintendencia de Minas había vulnerado prohibiciones expresas respecto a la disposición del capital accionario de la empresa de Moscoso.
“La empresa ignoró las prohibiciones, hizo lo que le vino en gana; sobre esa base la Superintendencia de Minas anuló esas concesiones. Entonces la empresa fue pillada en falta”, agregó y recordó que, además, “había versiones de que la concesión había sido basada en fraude”.
“Fue en ese momento que Moscoso falsificó la constitución del capital social de la empresa —junto a los ocho chilenos liberados de toda culpa hace días por el Estado Plurinacional— para hacer aparecer la empresa que decía que era boliviana como mayoritariamente chilena”, dijo.
Derpic explicó que como empresa boliviana no podía demandar al estado boliviano ante un tribunal internacional, por lo que cuestionó al gobierno de Evo Morales por haber aceptado el documento falso como verdadero y habilitar a esa empresa para la demanda ante el Ciadi.
En criterio de la exprefecta, el gobierno del Movimiento al Socialismo debió decir a Quiborax: "no tienes legitimación para demandarme porque falsificaste, tú eres una empresa boliviana y si quieres decir algo lo dices dentro del país y no fuera”.
“En el mismo momento que comenzó la demanda hubiera acabado el pleito si (en el gobierno) hubiera habído competencia profesional, buena fe y amor a la patria”, añadió.
Viaje hasta el lugar donde no había empresa
Derpic contó que, en diciembre de 2003, la gente de Potosí estaba molesta porque las empresas que explotaban ulexita no dejaban ningún beneficio ni a las comunidades ni a la región.
“Los pobladores se pronunciaban por escrito y había movilizaciones sociales. Por ello, al primer lugar a donde yo asistí en mi condición de prefecta para tratar de solucionar un conflicto de proporciones fue a Uyuni”, narró.
Tras informarse sobre la convulsión y el malestar social que había en la región, viajó con el director de medio ambiente hasta el lugar de los hechos (Delta del Rio Grande), donde constató con asombro que no había infraestructura de empresa, sino unas instalaciones improvisadas con obreros no muy bien tratados que sacaban ulexita.
“No había ni con quien hablar, era una desolación total dentro del salar”, dijo y concluyó que por lo que vio aquella vez esa empresa no invirtió ni 600 mil dólares.
Sin nacionalización, hubiera habido convulsión
Derpic juró como Prefecta el 28 de octubre de 2003 y el 5 de noviembre de 2003 recibió el pliego petitorio del Comité Cívico de Potosí que, en uno de sus puntos, pedía a Carlos Mesa la reversión de las concesiones de la empresa chilena.
En opinión de Derpic, si Carlos Mesa no hubiera nacionalizado, hubiera habido un estallido social de grandes proporciones en la región potosina.
“Mesa tomó una decisión en función de los intereses del país y de Potosí en uso de lo que llamamos soberanía del estado”, puntualizó.
Derpic manifestó que no puede creer que ahora el gobierno del MAS diga: no hicieron auditorias.
“¿Y qué auditorias hizo pues el gobierno de Ovando cuando Marcelo Quiroga nacionalizó la Gulf Oil? ¿En qué queda la soberanía del Estado?”, interrogó la exprefecta.
Comentó que la decisión de Mesa fue festejada y publicada en la portada del periódico El Potosí, donde se difundió una foto del abrazo entre su persona y René Navarro, que mantenía huelga de hambre en una carpa, en la puerta de la prefectura.
Derpic dijo que el gobierno del que fue parte analizó todas las consecuencias posibles antes de asumir la medida, entre ellas, las económicas.
“Toda reversión de recursos, toda nacionalización da lugar a una compensación. La nacionalización de la Gulf Oil dio lugar a una compensación que se pagó largamente”, indicó.
Sin embargo —prosiguió Derpic— esa compensación no es arbitraria, hay límites; pero en el caso de Quiborax no había lugar a ninguna compensación.
“Por eso no puedo creer la cantidad de plata que se les ha entregado a unas personas que sacaban la ulexita en bolsas”, concluyó.
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