Agencias.- El gobierno de Daniel Ortega ordenó este viernes la expulsión de una misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU...
Agencias.- El gobierno de Daniel Ortega ordenó este viernes la expulsión de una misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de Nicaragua, tras un contundente informe sobre la represión en el país, anunció la cancillería en una carta distribuida a la prensa.
"Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación (a la misión de la ONU), este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018", indica la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el jueves y hecha pública un día después.
La misiva está firmada por el canciller, Denis Moncada, y dirigida a la directora regional del Alto Comisionado para Centroamérica, Marlene Alejos, con copia a su director, Zeid Ra' ad Al Hussein.
La decisión se produce dos días después de que el organismo emitiera un duro informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales, que el gobierno consideró una "extralimitación" de facultades de la entidad.
El informe de la ONU, divulgado el miércoles en Ginebra, destacó el "clima de miedo" en Nicaragua tras la violenta reacción a las protestas antigubernamentales iniciadas en abril pasado contra la administración de Ortega.
"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", señaló el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein en un comunicado.
Ortega refutó duramente el documento, y acusó al organismo de la ONU de ser "un instrumento de políticas de terror, mentira e infamia".
Según el gobierno, la invitación tenía el objetivo de acompañar el desmantelamiento de los tranques (bloqueos de carretera) que tuvieron los manifestantes antigubernamentales hasta julio, cuando el gobierno los eliminó con una violenta campaña denominada "operación limpieza".
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que ha documentado los abusos cometidos por fuerzas del orden en la campaña por erradicar las protestas antigubernamentales, calificó como "insólita" e "inoportuna" la decisión del gobierno.
La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, consideró que la expulsión "refleja el ánimo de una persona que se siente completamente perdida, que ya no puede ocultar sus responsabilidades y seguir ocultando la verdad", en referencia al presidente Ortega.
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