Agencias.- Un empresario turístico y una docente universitaria fueron arrestados por la Policía de Nicaragua después de alzar la bander...
Agencias.- Un empresario turístico y una docente universitaria fueron arrestados por la Policía de Nicaragua después de alzar la bandera y entonar el Himno Nacional del país centroamericano en la vía pública, informó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
El empresario José Gonzalo Hernández Cáceres y la catedrática Ana Cecilia Hooker, fueron aprehendidos por policías, que no brindaron explicaciones, indicó la Unidad en un comunicado.
Horas antes de la detención se había hecho viral en las redes sociales un video en el que los capturados aparecen cantando el Himno Nacional y alzando la bandera de Nicaragua, en una esquina de la ciudad de Somoto, departamento (provincia) de Madriz, a 216 kilómetros al norte de Managua.
Entonar el Himno y alzar la Bandera Nacional es motivo de orgullo entre los nicaragüenses, pero desde el estallido social del 18 de abril pasado la Policía Nacional captura a quienes lo hacen.
La justicia local condenó a 5 años de prisión a un hombre por vender banderas de Nicaragua a opositores del Gobierno, y el pasado fin de semana el uso del pabellón nacional de los nicaragüenses fue restringido en un juego contra Haití correspondiente a la Copa Oro.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Organismos humanitarios cuentan entre 325 y 535 muertos y 602 "presos políticos", mientras que el Gobierno reconoce 199 víctimas y 273 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
Ortega, quien desconoce toda responsabilidad, se ha declarado vencedor de un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
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